La solicitud de ‘‘asistencia jurídica internacional’’ a Estados Unidos sobre información relacionada con el trasiego de droga entre Iguala y Chicago –a través de autobuses de pasajeros– fue demorada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante más de siete meses.

Esta ‘‘incomprensible’’ tardanza se dio a pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló, desde su primer mandato, que este hecho, ligado al quinto autobús (Estrella Roja, número económico 3278) que tomaron los normalistas en Iguala, podría ser una de las principales hipótesis que motivaron su desaparición.

En semanas posteriores a la petición del GIEI, la PGR envió la solicitud de una manera ‘‘tan genérica’’, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió que le ‘‘era imposible responderla apropiadamente en estos términos’’. La petición del gobierno mexicano fue: ‘‘Si dentro de sus archivos existen registros, antecedentes e información correspondiente a la organización criminal denominada Guerreros unidos’’.

En la solicitud no se hizo mención sobre Chicago, como había solicitado el grupo de expertos en referencia a investigaciones de la fiscalía de Illinois, en diciembre de 2014, en contra de varios presuntos integrantes de Guerreros unidos por tráfico de heroína y cocaína, ‘‘a menudo escondiendo los narcóticos en autobuses’’.

Fue hasta el 8 de febrero de este año cuando la nueva oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos remitió un nuevo oficio, el cual fue nuevamente rechazado el 28 de febrero. Días antes de concluir su mandato, la PGR informó al GIEI que dicha asistencia jurídica ‘‘estaba en trámite’’.

Tampoco se ha avanzado en la investigación financiera, que constituye uno de los elementos claves para la investigación del crimen organizado y narcotráfico. Y aunque diversas entidades han entregado información de los procesados, dentro del expediente no se cuenta con un análisis de esos datos.

Por otra parte, la identificación plena del quinto autobús ha generado muchas dudas, pues la unidad presentada al grupo de expertos no correspondía con las características del autobús que estuvo en los hechos de Iguala.

Además, la versión dada por el chofer resulta inconsistente y contradictoria con los testimonios de los normalistas, la evidencia del C-4 y las declaraciones de varios responsables y trabajadores de la empresa. Incluso, se duda que el conductor que declaró sea el mismo que manejaba la unidad esa noche.

Hay que destacar que los estudiantes de ese autobús fueron sobrevivientes, y que esta unidad, la única tomada por los normalistas que no fue atacada, también logró salir del cerco policiaco instalado en la ciudad de Iguala con la ayuda de la Policía Federal.