ivimos en una época de rupturas conceptuales y reales que nos preparan para las rupturas radicales que el ingreso ciudadano universal (ICU) requiere y significa. Hace 30 o 40 años, sobre todo en México, resultaba inconcebible que las políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza entregaran dinero a los pobres. En la tradición del Pider (Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural), de la primera mitad de los años 70; de Coplamar (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados) en la segunda mitad de los 70 y principios de los 80, o del Pronasol, a finales de los 80 y principios de los 90, pensábamos que lo que el gobierno federal tenía que hacer eran inversiones que aumentaran la productividad agrícola (irrigación, caminos, silos), mejoraran las condiciones de vida (escuelas, clínicas, agua potable, créditos para vivienda subsidiados) o que subsidiaran la producción agrícola vía fertilizantes, insecticidas y semillas a bajos precios, o garantizaran un precio atractivo de compra a las cosechas). Los pagos en efectivo estaban reservados para ser entregados a los jubilados, o a quienes por estar enfermos o discapacitados no podían trabajar. O para las becas a estudiantes, sobre todo de posgrado. En Europa y en Estados Unidos, y en algunos países de Sudamérica, sin embargo, los pagos en efectivo ya tenían una larga tradición para los ‘grupos merecedores’ (viejos, niños, viudas, etcétera). De esta manera, cuando el Progresa se crea, en 1997, fue un shock para mí y para otros. Nos preguntamos si tenía sentido combatir la pobreza con transferencias monetarias (TM) a los pobres.

Si se analizan los programas anteriores, siempre los apoyos a los pobres habían sido a cambio de algo: en el Pider, de trabajo directo en las obras del programa; en Coplamar se exigió a las comunidades la realización de cierto número de jornadas de trabajo comunitario a cambio de servicios médicos y medicinas gratuitas; en Pronasol se exigía la creación de comités que organizaban la mano de obra que era la contribución de la comunidad a las obras. No es extraño, pues, que en el Progresa las TM fuesen condicionadas (TMC) a que los niños asistiesen a la escuela y que todos, especialmente mujeres e infantes, asistieran a las clínicas. Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas y Focalizadas (PTMCF) a hogares en pobreza extrema se repitieron en muchos países de AL por impulso del Banco Mundial, que puede ser concebido, junto con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), como el verdadero diseñador de este modelo de combate a la pobreza, cuyo prestigio internacional duró poco. El BID financió el primer PTMCF del que haya registro, en Honduras, en 1990: Programa de Asignación Familiar (PRAF). Pero todo esto viene a cuento porque el Progresa logró un triunfo conceptual: logró que aceptáramos que no está mal dar dinero a los pobres. Nos familiarizó con la idea de las TM desligadas de la seguridad social, es decir T no contributivas, y las legitimó. Pero todavía esa legitimidad venía atada a que fueran focalizadas a la pobreza extrema y condicionadas a una cierta conducta del receptor. Señala Pablo Yanes, en ¿De las transferencias monetarias condicionadas al ingreso ciudadano universal?, artículo de próxima publicación:

“…más allá de la focalización y de las condicionalidades, las TM no contributivas pagadas con recursos generales han obtenido, como políticas públicas, una condición de legitimidad y naturalidad. Por lo que cada vez se discute menos la TM en sí misma y, en cambio, los factores de debate son, cada vez más, sus coberturas y montos, así como la pertinencia o no de la focalización y de las condicionalidades”.

Al respecto, Hanlon, Barrientos y Hulme, en libro de título significativo, señalan:

“A pesar de los escépticos, los investigadores han encontrado una y otra vez que las TM otorgadas a porciones significativas de la población transforman las vidas de los receptores. Países desde México a Sudáfrica y a Indonesia están dando dinero directamente a los pobres y descubriendo que lo usan sabiamente, para mandar sus hijos a la escuela, para iniciar un negocio y para alimentar a sus familias. Las TM funcionan especialmente bien cuando el dinero es focalizado a grandes grupos de personas, fácilmente identificables…” (Just give money to the poor (Sólo den dinero a los pobres), Kumarian Press, Virginia, EU; contra-portada y p. 165)

En un artículo en Estudios Críticos del Desarrollo, UAZ, 2012, p.23, señalé:

Los PTMCF requieren la pre-existencia de servicios básicos universales. No pueden tener éxito a menos que se apoyen en redes de servicios universalistas. No se pueden condicionar las TMCF a la asistencia a la escuela y a las clínicas si éstas no existen. Por esto el Progresa-Oportunidades excluye todas las localidades que carecen de clínica o escuela. (Mexico’s alleged influence on poverty reduction strategies in Latin America).

En el DF, al comienzo del gobierno de AMLO, se puso en marcha el programa de pensión alimentaria para adultos mayores de 70 años, que después se convirtió en un derecho instituido por ley y se redujo la edad a 68 años. Las TM otorgadas a todos los adultos mayores residentes en el DF tiene dos características contrastantes con las TMCF: son universales e incondicionales. Es decir, son TMIU (transferencias monetarias incondicionales y universales). Por la edad de los derechohabientes se trata de una pensión de jubilación no contributiva, universal e incondicional. Algo similar se hizo con los discapacitados. El rechazo inicial (Fox llegó a decir que llevaría a la quiebra del Estado) fue seguido, poco después, ante su gran éxito político, por su pronta imitación por el gobierno federal en las áreas rurales del país (Programa 70 y más). Casi de golpe y porrazo se legitimaron las TMIU, aunque todavía restringidas a grupos de personas merecedoras (tercera edad, discapacitados). Todas las TM rompen con la liga trabajo-ingresos, que es la regla central del capitalismo o sistema centrado en el trabajo pagado. Pero las TMC sustituyen el trabajo con asistencia a la escuela o a las clínicas, manteniendo así una liga tareas-ingresos. La ruptura es total con las TM incondicionales. Por ejemplo, eso pasa con las becas y con el seguro de desempleo, donde la tarea que deben cumplir es estudiar y buscar trabajo. Con la pensión universal a adultos mayores, la ruptura entre trabajo e ingresos ya no se sustituye por ninguna tarea, es la incondicionalidad radical, pero todavía restringida a grupos merecedores.

Al crearse el seguro de desempleo en los países del centro, se legitimó la ruptura trabajo-ingresos cuando las personas no podían trabajar, contra su voluntad. Se aceptó que la falla no era una falla individual sino sistémica y, por tanto, que era justo que fuese la sociedad en su conjunto la que cargase las consecuencias de la falla. Si el desempleo crónico, y el empleo precario e inestable, ambos crecientes, que caracterizan nuestra época, no son fallas individuales sino resultado de los logros tecnológicos del capitalismo que, de manera generalizada, remplaza el trabajo humano (manual e intelectual) por la automatización total (véase gráfica); si el trabajo formal, estable, durante tres o cuatro decenios, y luego la jubilación pagada, ya no será el futuro de la mayoría, el ICU es la única solución.

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