La iniciativa sobre la mariguana presentada por el Ejecutivo abre puertas para un cambio de paradigma de seguridad a uno de salud pública, consideró María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

La experta indicó a La Jornada que este enfoque permite tomar decisiones con base en el bienestar de las comunidades y no tener como meta los decomisos y los encarcelamientos. Expuso que este debate pone en la mesa la discusión de importantes retos, entre ellos la regulación del uso médico, lo cual implicará que productos ya probados en otros países con normas estrictas de calidad, puedan entrar al país y, sobre todo, la manera en que los cannabinoides se pondrán a disposición de la comunidad científica para investigación. Asimismo, que los componentes y sus combinaciones que hayan mostrado eficacia y seguridad, conforme a los cánones establecidos, lleguen a la población que pueda beneficiarse, en formulaciones farmacéuticas y con precios accesibles.

La también integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que además está el aspecto de la prevención, con la cual se puede desalentar el consumo, que se ha incrementado, a la vez que ha avanzado la disminución de la percepción de riesgo.

Otro punto relevante será la forma en que se regularán las nuevas dosis mínimas. Es importante la información y educación de policías y personas encargadas de la procuración de justicia y de los mismos usuarios, a fin de que conozcan la ley, pero también sus derechos. La coordinación entre el sistema de tratamiento y el de procuración de justicia debe reforzarse, sugirió. Sobre la posibilidad de que la cantidad propuesta como permitida para portación (28 gramos) incida en el aumento del consumo, subrayó que todas las políticas tienen consecuencias no deseadas.

Sin embargo, sostuvo que “los datos de estudios en población en cárceles y en comunidad señalan que las dosis mínimas debían revisarse, a fin de evitar que las personas en posesión de cannabis para uso personal y los enfermos llegaran a la cárcel”.

Añadió que en toda política hay peligros, y precisó que los factores de riesgo para el uso problemático de drogas más importantes incluyen la disponibilidad, la baja percepción de riesgo y la alta tolerancia social, tres aspectos que se han incrementado antes de que se hiciera pública esta propuesta. Señaló que la respuesta a este aumento del riesgo son la prevención y ofrecer tratamiento como alternativa a la cárcel, asegurándose de que la terapia esté disponible.

En cuanto a los efectos del enervante, manifestó que éstos dependen de las características de la mariguana que se consume, la experiencia con ella, las características individuales de quienes la consumen y el contexto global. Incluyen efectos a corto y largo plazos.

Explicó que durante la intoxicación hay distorsiones de tiempo y distancia. Además estudios de simulación en laboratorio han encontrado que la mariguana reduce habilidades cognitivas y sicomotoras, la memoria de corto plazo, la percepción y el equilibrio.