l segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abrió con la afirmación de que no hay evidencia de que los normalistas tenían vínculos con el crimen organizado y descarta que ese día fueran a boicotear un acto político en Iguala. En conjunto, muestra las deficiencias estructurales del sistema de procuración de justicia en el país. Sus recomendaciones son un conjunto de medidas a tomar. Las mismas permiten al gobierno afirmar que las atenderán, en una noción escapista. La sesión pública de presentación del informe del GIEI tuvo una composición de asistencia muy singular: agrupaciones de derechos humanos y sociales, académicos, periodistas y representaciones diplomáticas europeas.

El presidente de la CIDH, James Caballaro, recibió el informe y pronunció un discurso duro, lamentando la ausencia del gobierno federal. Fue, sin duda, la ratificación evidente de la decisión asumida sobre el distanciamiento con el espacio interamericano y el grupo de expertos. Además, mostró que no está dispuesto a pactar ningún mecanismo de seguimiento. Pero no fue ese el terreno que generó un auténtico tsunami para el peñanietismo. Fue la revelación de un video que da cuenta de la presencia de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (PGR), en el río San Juan, lugar en el que supuestamente se encontrarían unas bolsas, al día siguiente, con los supuestos restos incinerados de los normalistas, hasta hoy desaparecidos, en el basurero de Cocula. La cuestión grave es que en el video mostrado por el GIEI ya aparecen bolsas similares. El GIEI no afirmó que fueron sembradas, pero sí señaló que esa diligencia no se registró en el expediente. Si recordamos que el procedimiento de sacar las bolsas del río fue la base para la llamada verdad histórica anunciada por Murillo, nos damos cuenta de que no sólo está en entredicho que los 43 estudiantes fueron reducidos a cenizas en el basurero de Cocula, situado a 40 kilómetros del río, sino además no aparece claro cómo y por qué razón los supuestos restos fueron llevados al afluente. Todo ello construido a partir de las declaraciones de detenidos, cuyos signos de tortura también se mostraron en el informe dos del GIEI. Ese hecho, eventualmente, daría pie a la liberación de los declarantes detenidos. La revelación del video permitirá a la defensa de los familiares de los desaparecidos impugnar de fondo la investigación hasta hoy realizada. Ya compartieron un primer análisis al respecto.

El factor Zerón impactó la semana pasada y es determinante; sin embargo, el Informe Ayotzinapa II contiene cuestionamientos sobre las actividades de inteligencia, el control de las cámaras del C-4 y los datos que tuvieron en todo momento de los movimientos de los estudiantes. Definen con precisión los cercos tendidos en la zona. Describen una acción concertada de cuerpos policiacos que rebasa los niveles municipales para llegar a los federales.

También compartieron el cuestionario sobre las entrevistas que se iban a realizar a integrantes del Ejército, las cuales les fueron negadas. Reafirmaron la necesidad de mantener la línea de investigación sobre el quinto camión, anotando ahora que dudan que el vehículo y el conductor que les pusieron enfrente sean los involucrados en los hechos de Iguala. Asimismo, se concluyó que los resultados del tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula no tienen análisis ni razonamientos científicos.

El GIEI enfrentó de manera contundente las declaraciones de Tomás Zerón. Los expertos lo denunciaron porque editó el video que presentó. El funcionario pretendió justificar que tiene facultades para realizar diligencias sobre un caso en curso sin dar cuenta de ellas en el expediente de la averiguación previa. Además, intentó involucrar a la oficina de la ONU y evitar que los peritos argentinos se enteraran de su visita al río San Juan. Tiene sentido la acusación que hizo el GIEI, de que su segundo mandato fue sistemáticamente bloqueado. Sin duda sus peticiones de diligencias específicas contribuyeron a la postura gubernamental de cortar la colaboración. El peñanietismo está cercado por las reacciones internacionales de apoyo al GIEI, tanto de la ONU como del Departamento de Estado del gobierno estadunidense. Ante ello aparecieron débiles las declaraciones de la PGR y de Gobernación con los lugares comunes de que seguimos investigando y vamos a revisar las recomendaciones, ante la avalancha desatada por la acusación contra Zerón. Ya contra la pared, indicaron que sería investigado. Éste, a su vez, adelantó que no renunciará.

Las deficiencias en la investigación de Ayotzinapa no son motivadas por razones técnicas. Hay, en efecto, una mano desconocida hasta hoy que bloqueó al GIEI con respaldo del más alto nivel. ¿Hasta dónde piensan llevar el conflicto con instancias interamericanas y de la ONU? Ese ha sido un signo ominoso y autoritario en Sudamérica en décadas pasadas.