iecisiete testigos claves en el armado de la hipótesis de la incineración de normalistas en Cocula sufrieron lesiones de diversa gravedad, indicativas de tortura, cuando ya estaban bajo custodia plena de las autoridades. En términos generales, los médicos de la Marina y de la Procuraduría General de la República (PGR), y los sicólogos de ésta, desatendieron las consecuencias de esas evidencias físicas y de señalamientos verbales de tortura por parte de los presuntos miembros del crimen organizado y de los policías de Iguala y Cocula a los que detuvieron como presuntas piezas centrales en el tejido de la versión ígnea coculense.

En el rubro específico de los tratos a detenidos y los correspondientes a informes médicos sobre su integridad física, existen suficientes elementos para que una defensa jurídica acuciosa muestre violaciones al debido proceso e intente con fundamento la exculpación de los acusados (lo cual no sería culpa de los jueces ni de los eventuales defensores de los derechos humanos de esos inculpados, sino de la pésima confección de expedientes por parte de la PGR). Teniendo a la vista los documentos oficiales relacionados con esos 17 detenidos claves, cuya selección fue hecha por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la luz de las evidencias anómalas en los expedientes oficiales y de las declaraciones de algunos de los presuntamente torturados, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT, conforme a su denominación en inglés), con sede en Copenhague, Dinamarca, hizo consideraciones que podrían ser devastadoras para el proceso mexicano contra esos miembros de Guerreros unidos que habrían realizado la incineración de los normalistas, y contra policías de Iguala y Cocula.

El IRCT consideró que la calidad de los informes médicos realizados (por la Marina y la PGR) sería baja, razón por la cual éstos no podrían ser utilizados como garantías efectivas para la documentación de eventuales tratos crueles, inhumanos o degradantes o torturas. Además, las conclusiones a las que llegan dichos documentos no cumplirían con los estándares internacionales. Y dicho IRCT concluye, de las transcripciones hechas en el estudio, que habrían existido indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, indicios que deberían haber desencadenado una investigación conforme a los estándares de diligencia establecidos por la normativa internacional de protección de derechos humanos.

Por su parte, el citado GIEI juzga que el análisis ponderado de todas las declaraciones, evidencias físicas, puestas a disposición (documentos signados por quien realizó la detención, para presentación ante la PGR: explicación de Astillero) y los demás materiales analizados muestran (...) que en todos ellos se incluyen indicios significativos de malos tratos y torturas, tomando como pruebas los propios informes existentes en el expediente.

Del paquete de seis presuntos Guerreros unidos que habrían participado en la incineración en el basurero de Cocula, a Jonathan Osorio Cortez, alias el Jona, se adjudican sus lesiones a que se las ocasionó al caer, tras intentar huir en el momento de la detención, pero pocas horas después, según los documentos recabados por el GIEI, presentó 14 lesiones y un área de lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval. Patricio Reyes Landa, alias el Pato, también se habría golpeado al intentar correr, por lo que tendría cinco lesiones, según el médico de la Marina (una de ellas una herida en forma de L que el propio facultativo le habría cosido), pero dos horas después de ser entregado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ya tenía otras 19 lesiones y un área de lesiones, entre éstas varias detectadas “en la mucosa de la boca, compatibles con los ‘toques eléctricos’ que señaló le fueron aplicados”, según relatoría del GIEI. El Pato detalló cómo lo habían torturado, pero en su declaración se le adjudicaron algunas lesiones a una caída en motocicleta, 15 días atrás.

FESTEJOS DEL ROMPIMIENTO DEL SITIO DE CUAUTLA. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez (centro), y el titular de la Marina, Vidal Francisco Soberón (a su derecha), durante la ceremonia conmemorativa del 204 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla en 1812, este lunes. También asistió el secretario de la Defensa Nacional, Salvador CienfuegosFoto Jesús Villaseca

En el folio 3728 de la PGR, Felipe Rodríguez Salgado, alias el Cepillo o el Terco, relató cómo fue torturado, pero según el informe oficial no especificó datos mayores sobre el lugar, número de elementos que lo sometieron y lo aislaron; si estuvo vendado o esposado o pudo ver a sus agresores; los objetos utilizados para lastimarlo y en qué partes del cuerpo fue golpeado, y si los aprehensores en ese lapso de tiempo le realizaron maniobras para obtener de él información o alguna confesión; si lo mantuvieron desnudo o vestido; si le aplicaron maniobras de asfixia con bolsas de plástico o le sumergieron en líquido; si le introdujeron irritantes por la nariz; si lo mojaron y le dieron toques eléctricos con algún instrumento en alguna zona corporal, etcétera. Por tanto, se consideró que no se habían constituido los actos típicos o propios de tortura. Miguel Ángel Landa Bahena, alias el Duva, el Duvalín o Chequel, fue reportado como detenido el 11 de abril de 2015, a las afueras de las instalaciones de la Seido, pero hay una declaración ministerial de él mismo un día antes (el 10) y en esta declaración se asienta el reporte de un informe médico que le realizaron ¡el 9! De Agustín García Reyes, alias el Cheje o el Chereje, en anterior columna se narró cómo él mismo habría declarado que sus lesiones se debían a trabajos pesados realizados con anterioridad en su casa.

A partir de las declaraciones de esos cinco presuntos miembros de Guerreros unidos, más el jefe Gildardo López Astudillo, alias el Gil, y de 11 policías de Iguala y Cocula (casos estos también cargados de evidencias de tortura y manipulaciones), se construyó la versión del basurero de Cocula como destino final de los 43 (cita tomada del segundo informe del GIEI, como las demás referencias a expedientes oficiales). ¿Se sostiene esa versión? ¿Declaraciones bajo tortura para construir la verdad histórica? Y, mientras siguen las contingencias (no sólo ambientales) en la Ciudad de México, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx