e acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), sus afiliados han debido realizar erogaciones extraordinarias por más de 800 millones de pesos debido a las restricciones impuestas por el programa Hoy no circula ampliado, lo que afecta con particular intensidad a los negocios pequeños y familiares. A decir de esa organización, alrededor de 80 mil negocios y 160 mil plazas laborales podrían desaparecer si el citado programa se extiende más allá del 30 de junio, fecha originalmente anunciada por las autoridades para su eliminación, readecuación o prórroga.
Con este señalamiento queda de manifiesto que la principal medida de los gobiernos capitalino, mexiquense y federal para combatir los altos niveles de contaminación en el valle de México desde febrero pasado puede tener una consecuencia recesiva y atentar de manera directa e indirecta contra las condiciones de vida de centenares de miles de habitantes. El reclamo de los comerciantes organizados se suma a la descalificación que el Hoy no circula ha tenido por expertos en materia ambiental, quienes incluso lo han considerado la peor idea posible ante la actual crisis de contaminación, no sólo porque no ha logrado la eficacia deseada en la reducción de las concentraciones de contaminantes –ayer, por ejemplo, debió activarse una contingencia ambiental debido a la baja calidad del aire–, sino porque, ante la manifiesta insuficiencia de los sistemas de transporte público, lleva a los automovilistas a adquirir autos de remplazo –por lo general antiguos, en mal estado y, por ende, más contaminantes–, lo que produce un incremento significativo de la flota vehicular.
Es necesario acotar la tendencia, inducida por la falta de planificación urbana, por la industria automotriz y por la cultura del consumismo y del estatus social, hacia la proliferación ilimitada de vehículos con motores de combustión privados. Desalentar el uso del automóvil particular mediante medidas y programas es, en términos generales, una política urbana correcta, pero en el caso de la megalópolis del centro del país ha sido aplicada en forma errónea y errática, incluso desde antes de que se reforzara el Hoy no circula, mediante concesiones opacas de espacios públicos para su explotación privada y en ausencia de una infraestructura segura, eficiente, suficiente y extendida de transportes públicos. Fuera de las líneas de Metro, Metrobús y Trolebús, la transportación depende de autobuses y microbuses privados que con frecuencia operan en circunstancias mecánicas deplorables, con operadores no capacitados y sometidos a condiciones extenuantes de explotación. Así, el Hoy no circula acentúa la precariedad de la movilidad ciudadana, lo que repercute en recorridos más largos e incómodos, más inseguros y con mayores riesgos de accidentes y agresiones.
Por lo demás, los esfuerzos por mejorar el transporte público resultarán insuficientes, a la larga, si no van acompañados de una política integral de desarrollo urbano que incluya medidas urgentes de descentralización, combate a la especulación inmobiliaria, freno a la asfixia sistemática de la movilidad gratuita por la privatización de vialidades, y otras políticas de mínima racionalización de la vida pública que hasta ahora no dan señales de aparecer en la agenda de las autoridades federales ni locales.
En suma, en sus términos actuales la imposición del Hoy no circula es una medida de emergencia que resulta insostenible debido a la falta de planificación y la ausencia de cualquier análisis que respalde su pertinencia en términos tanto ambientales como económicos y sociopolíticos. Cabe demandar a todas las autoridades involucradas en el manejo de la ahora denominada megalópolis que pongan manos a la obra para remontar un trienio perdido en el desarrollo de instrumentos de movilidad.
