La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) exigió a la Cámara de Diputados celeridad para aprobar la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados así como de la Ley General de Archivos, al advertir que filtraciones como las del padrón electoral con información de 93 millones de mexicanos evidencian la necesidad de contar con una legislación robusta que proteja a los ciudadanos y sancione las violaciones que sobre ellos se cometan.

No obstante, también sostuvo que la protección a la privacidad no debe impedir el conocimiento de asuntos de interés público como ocurrió con otra filtración, la de Los papeles de Panamá.

La ley, enfatizó, debe reforzar los llamado derechos ARCO, referidos a acceso, rectificación, cancelación y oposición, a fin de evitar la intervención arbitraria de la autoridad, así como informar y notificar a los afectados sobre sus datos.

Si bien la Amedi hizo un reconocimiento a ambas cámaras por haber aprobado en el plazo establecido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues consideró que así se complementa el proceso de consolidación de la reforma constitucional en la materia, destacó que varios puntos a discusión ya no fueron incluidos en la redacción final.

Con las sociedades cada vez más conectadas y digitales, se potencian los derechos fundamentales pero también se pone en riesgo la información que circula en las redes o almacenan gobiernos, empresas e instituciones, así que la Amedi insistió en que sería deseable que, como ha ocurrido en otras naciones, se contemple el factor tecnológico en la nueva ley, aplicable al ámbito público pero que inevitablemente se relaciona con el privado, a partir de las relaciones o transacciones entre ambos.