Con gran celeridad, en apenas 15 minutos, la dupla PRI-PAN aprobó en comisiones del Senado la reforma por la que se faculta a los órganos judiciales militares a realizar cateos en propiedades civiles, así como en residencias u oficinas de cualquiera de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o en su caso de organismos autónomos.

Se trata de una minuta de la Cámara de Diputados por la que se modifican los códigos de Justicia Militar y el de Procedimientos Penales que permite asimismo intervenir comunicaciones de particulares y obliga a toda persona, incluidos civiles, a presentarse ante agentes del Ministerio Público castrenses cuando sean citados para la averiguación de algún delito.

Durante la reunión de las comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos, las senadoras del PRD Dolores Padierna y Angélica de la Peña advirtieron que se estaba violando el reglamento del Senado al convocar con tal premura a discutir una minuta que no es conocida por los legisladores, dado que un día antes se presentó ante el pleno de esa cámara.

Sin embargo, los panistas Fernando Yunes y Jorge Luis Preciado, así como la priísta Graciela Ortiz, advirtieron que es un tema que urge resolver por la inminente entrada en vigor del sistema penal acusatorio. La reforma, detallaron, es para que la justicia militar transite hacia ese nuevo sistema.

‘‘Si tanta prisa tienen por qué no convocan a un periodo extraordinario para la próxima semana’’, preguntó Padierna. Sin embargo, PAN, PRI y PVEM impusieron su mayoría y la minuta fue aprobada prácticamente en sus términos.

Las mencionadas senadoras perredistas advirtieron que es un tema muy delicado, que puede implicar violaciones a derechos humanos. Padierna Luna reservó 28 artículos que se discutirán ante el pleno mañana, cuando PRI y PAN pretenden aprobar la minuta en cuestión.

Es necesario, recalcó, que se establezca que las actuaciones contra civiles que por algún motivo se vieran involucrados con alguna investigación realizada por la justicia militar sean autorizadas por autoridades civiles, sobre todo cuando se trate de la invasión a la esfera personal de los ciudadanos.

Previa autorización judicial

Hay que establecer que tanto los cateos como las intervenciones telefónicas deben ser previa autorización judicial y que en el caso de aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, no podrá decretarlos la autoridad castrense sin la autorización de un juez federal.