Xalapa, Ver.

La junta de gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) informó que presentó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una solicitud de seguimiento del adeudo de más de 2 mil 144 millones de pesos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa tiene con esa casa de estudios, por considerar que viola el derecho a la enseñanza superior en la entidad.

Con fecha 20 de abril, dicha instancia entregó una carta al representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es la misma misiva que envió el 18 de marzo a Kishore Singh, relator sobre el derecho a la educación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el documento la UV señaló que hasta enero de 2016 el gobierno veracruzano adeudaba 2 mil 144 millones de pesos, y dado que la UV ha dado prioridad al pago de sueldos y salarios de trabajadores académicos, administrativos, técnicos y manuales, al 31 de enero de este año la UV adeuda al Servicio de Administración Tributaria 934.5 millones de pesos de impuesto sobre la renta retenido a trabajadores, de los cuales 102.7 millones corresponden a recargos y actualizaciones.

Recordó que en diciembre de 2015 el gobierno de Veracruz redujo 7 por ciento el presupuesto de la casa de estudios para 2016, un atentando contra el principio de progresividad y la prohibición de regresividad como garantía de derechos humanos.

Añadió que el Ejecutivo envió al Congreso local una iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para delindarse de su obligación como responsable solidario del pago de pensiones, y traspasa el pago de éstas a los patrones.

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, en su informe de labores en agosto de 2015Foto Sergio Hernández Vega

Dicha iniciativa impactaría de forma insostenible la carga financiera (de la UV), ya que además de pagar salarios y prestaciones a sus trabajadores, tendría que cubrir también las pensiones de sus jubilados, muchos de los cuales hicieron aportaciones al IPE durante toda su vida productiva, expuso la junta de gobierno.

La UV denunció la actitud del gobierno, que ha negado la deuda, ha presentado a la universidad una propuesta leonina de acuerdo y ha llegado a advertir que sólo pagará 450 millones de pesos antes de concluir el sexenio (el 30 noviembre próximo).

La carta no sólo responsabiliza al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a sus colaboradores Antonio Gómez Pelegrin, secretario de Administración y Finanzas, y Xóchitl Adela Osorio Martínez, secretaria de Educación, de atentar contra el derecho a la enseñanza superior, sino también, por omisión, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a su secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

En cuanto al Poder Legislativo local, señala que incumple su obligación de protección al no generar el marco jurídico propicio que prevenga la violación de este derecho tanto por los particulares como por sus propios agentes.

Tras su argumentación, la junta de gobierno de la UV expone ante el relator de la ONU que la conducta estatal contraviene su obligación jurídica concreta de respetar y proteger las características fundamentales de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la enseñanza superior.