Nueva York.

“Confiamos en que las autoridades mexicanas’’ considerarán las recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló ayer el Departamento de Estado.

Por otra parte, legisladores expresaron su preocupación por los ‘‘obstáculos’’ del gobierno mexicano al trabajo de los expertos, mientras los principales medios de comunicación estadunidenses reportaron que el gobierno de México ‘‘saboteó’’ la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, y agrupaciones de derechos humanos internacionales deploraron el comportamiento oficial.

El Departamento de Estado emitió una declaración cautelosa y diplomática sobre el asunto, constatando que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió su informe final sobre las desaparición de los 43 normalistas, y elogió a la CIDH y a sus expertos por su trabajo –notando que fue a solicitud del gobierno de México– para ‘‘resolver este caso trágico’’.

El mensaje a medios, ofrecido por el vocero John Kirby en la conferencia de prensa diaria en el Departamento de Estado, concluyó: ‘‘Confiamos en que las autoridades mexicanas considerarán cuidadosamente las recomendaciones del informe, evaluarán las acciones sugeridas para abordar el tema de las desapariciones forzadas, otorgarán apoyo a la familias de las víctimas y continuarán con sus esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen terrible’’.

Por otro lado, un grupo de legisladores federales que trabajan temas relacionados con México elogiaron el trabajo del GIEI, señalando que ‘‘contradice de manera marcada la versión oficial de los eventos y revela esfuerzos de las autoridades mexicanas por obstruir la justicia y prevenir a los investigadores de llegar a la verdad’’.

La representante federal Norma Torres criticó que el comportamiento del gobierno mexicano ante esta investigación ‘‘provoca serias dudas sobre el compromiso con la justicia y estado de derecho’’.

A su vez, el también representante demócrata Luis Gutiérrez afirmó que ‘‘la corrupción y violencia a esta escala en cualquier lugar amenaza a los derechos humanos en todas partes. Es de interés, tanto de México como de Estados Unidos una transparencia máxima y una examen completo y a fondo de los hechos’’. Su colega Alan Lowenthal señaló que anteriormente había encabezado un esfuerzo de más de 80 legisladores para expresar públicamente la preocupación por las dimensiones del problema en México, y dijo que el informe del GIEI reveló problemas serios sobre los derechos humanos en ese país, así como dudas sobre el compromiso de México para abordarlos.

Por otra parte, medios de comunicación como The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, The Wall Street Journal, The Guardian, la influyente revista The Atlantic, CBS News, NBC News, Bloomberg, Miami Herald, National Public Radio, The Intercept y algunos sitios de medios masivos cibernéticos como The Daily Beast reportaron sobre las conclusiones del GIEI, resaltando evidencia de tortura contra sospechosos en el caso, las ‘‘fallas’’ en las investigaciones oficiales, pero sobre todo las denuncias del grupo de expertos de cómo el gobierno ‘‘entorpeció’’ el esfuerzo de los investigadores.

Desde antes de la presentación del informe, la edición impresa del sábado de The New York Times publicó como su nota principal: ‘‘México obstruye investigación de secuestros, afirma pánel’’, subrayando que el GIEI ‘‘afirma que no puede resolver el caso a causa de una campaña sostenida de hostigamiento, falta de cooperación e intimidación en su contra’’.

Hoy varios de los medios ofrecieron un resumen detallado de los sucesos ocurridos en Iguala, reportados por el GIEI en su informe final.

Asimismo, en los días previos a la presentación del informe la situación de los derechos humanos en México, en gran medida enfocada sobre los 43 normalistas, ha sido la nota sobre el país en los medios estadunidenses. Francisco Goldman publicó un amplio reportaje en The New Yorker, donde indica: ‘‘El gobierno mexicano sabotea su propia investigación independiente’’, mientras Ginger Thompson, ex corresponsal de The New York Times en México, escribió un reportaje para ProPublica sobre las amenazas contra defensores de derechos humanos en Mexico, como la campaña mediática contra el GIEI y la CIDH.

Agrupaciones de derechos humanos también se manifestaron sobre el informe final. Amnistía Internacional (AI) comentó que el documento condena las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto como parte de un esfuerzo por ocultar los sucesos y esperar que el caso se olvide. ‘‘Parece no haber límite a la determinación extrema del gobierno mexicano de barrer la tragedia de Ayotzinapa debajo del tapete’’, escribió Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo.

Por su parte, Daniel Wilkinson, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que, ‘‘basado en las maneras en las que el gobierno obstruyó el trabajo del grupo, parece claro que la razón por la cual los llevaron nunca fue para resolver el caso, sino para relaciones públicas, control de daños ante la ira pública del manejo del tema. Si eso fue el cálculo [del gobierno mexicano], claramente han calculado mal’’.