a iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal sobre los usos de la mariguana, enviada el jueves al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto, es la respuesta al reto formidable planteado a finales de 2015 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por ello, los significados de los cambios a las leyes que ahora propone el titular del Poder Ejecutivo pueden observarse más claramente si se toma como punto de referencia la resolución de la Corte.

Como se recordará, el pasado 4 de noviembre los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar, avalaron el dictamen elaborado por el último de ellos con el que se concedió un amparo a cuatro personas para que pudieran realizar los actos relacionados con el consumo personal y recreativo de la mariguana (como sembrar la semilla, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar la planta y sus derivados). En este caso, sí se podría hablar de un cambio completo de paradigma.

La iniciativa enviada al Congreso por el Presidente, aunque contiene avances innegables respecto de la situación actual, evidentemente queda muy corta en relación con lo resuelto en la SCJN. Ante un mensaje como el enviado a la nación por la primera sala –el cual no podía ser negado o invisibilizado– se optó por construir un modelo mucho más limitado que encontró su legitimación en foros de consulta en los que se buscó el sustento a la postura del licenciado Peña Nieto en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, y en el posterior anuncio en México de los términos generales de las reformas que desde el jueves 21 de abril quedaron en manos de los legisladores.

Pero sería absurdo pensar que la resolución de la primera sala de la SCJN traduce posiciones personales. En mi opinión, es un mensaje con un doble significado, por una parte, la defensa de derechos humanos elementales, como decidir sobre uno mismo y su placer, pero además de manera implícita (y es algo que he querido expresar desde aquel momento) traduce el hartazgo de la sociedad mexicana ante la impunidad con la que actúa el crimen organizado, uno de cuyos capítulos más recientes y abominables ha sido su participación (como uno de los actores) en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. La liberalización del uso de la mariguana en los términos planteados por la Corte significaría –como lo mostró el fin de la prohibición del alcohol en los años 30 del siglo XX– el debilitamiento y, en algunos casos, el fin de las bandas criminales.

No quiero decir con lo anterior que las reformas que discutirán ahora en el Senado sean banales. Simplemente me parece importante llamar la atención sobre la distancia que tienen en algunos de sus aspectos con lo planteado por la Corte, que fue, a fin de cuentas, el estímulo que nos ha llevado a donde nos encontramos.

En términos de derechos humanos, la actual iniciativa, de ser aprobada, permitiría la posesión de 28 gramos (aproximadamente una onza) de mariguana, la cual se entendería como destinada a estricto consumo personal, aspecto que desde luego es un gran avance, pues reduce la posibilidad de detenciones arbitrarias y permitirá la liberación de un número aún no cuantificado de personas encarceladas, aunque hace surgir, como veremos, más dudas que certezas.

Donde hay avances importantes es en el enfoque de salud pública que contiene la iniciativa de reforma. Primero, porque reconoce por primera vez el valor terapéutico de la mariguana que anteriormente se consideraba escaso o nulo. Adicionalmente, en el discurso presidencial, se dejan atrás las ambigüedades respecto de la investigación científica sobre la cannabis con fines médicos y se le asume como una necesidad, lo cual sería también un gran adelanto, sólo que salvo en la exposición de motivos (donde hay signos de dependencia, pues se refiere a los usos médicos de la mariguana que hayan probado su eficacia en otros países), esto no forma parte del nuevo articulado, por lo que su formalización quedaría pendiente.

La iniciativa presidencial es como un edificio en construcción al que le faltan varios ladrillos. Es como una edificación en obra negra y me parece que muchos aspectos centrales no se han querido abordar ahora y se han transferido intencionalmente a la discusión entre los legisladores. Digo que intencionalmente, pues se omite algo tan obvio como el origen de los 28 gramos, que es donde está realmente la posibilidad de lograr un verdadero cambio de paradigma. ¿Dónde estamos? Esperando un trabajo responsable de los legisladores en un tema que es clave para el futuro del país.