En México, entre 2007 y 2016 se han iniciado más de 370 averiguaciones por tortura que son integradas por la Procuraduría General de la República (PGR), y la mayor parte de ellas señalan a militares y policías federales como los responsables.

Uno de los casos ocurrió el 8 de octubre de 2014, cuando Sergio Ricardo Flores Zurita fue detenido dentro de su domicilio sin orden de aprehensión. En los reportes de la Policía Federal (PF) se asentó que lo habían detenido en flagrancia y que era integrante de una banda de secuestradores. El ahora indiciado denunció que fue sometido a tortura para declararse culpable.

Es una de las historias del total de 63 acusaciones contra agentes de esa corporación que están siendo investigadas por el Ministerio Público Federal.

Respecto de la PF hay casos como el de cuatro integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que en noviembre de 2015 fueron detenidos en Oaxaca y denunciaron haber sido golpeados, presuntamente para declararse culpables de diversos delitos, antes de ser entregados al Ministerio Público.

Funcionarios federales revelaron que la mayor parte de las denuncias por actos de tortura que se han iniciado en la PGR señalan a militares y policías federales como los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Otro de los casos en los que se han denunciado presuntos hechos de tortura y ejecución extrajudicial es la matanza ocurrida el 22 de mayo de 2015 en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, donde efectivos de la PF supuestamente sostuvieron un enfrentamiento con integrante del cártel Jalisco Nueva generación. El saldo fue de 43 sicarios abatidos. Hasta el momento los peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán han establecido la posibilidad de que algunos de los presuntos delincuentes hubieran sido torturados antes de ser ejecutados.

En ese contexto, la PGR cuenta con 229 indagatorias a partir de investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de Justicia Militar entre 2007 y 2015 y en ellas hay más de mil efectivos involucrados.

La PGR creó el 27 de octubre de 2015 la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y en el acuerdo por el que se estableció se menciona que transcurrido el primer mes posterior a la entrada en vigor del ordenamiento la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, contará con un término de 120 días para remitir las indagatorias que tiene a su cargo.

Los plazos se extienden a más de cinco meses posteriores a la entrada en vigor de este acuerdo para otras áreas de la PGR.

Por esa razón, aún no se concentran en la citada unidad todo los casos que tiene bajo su responsabilidad el Ministerio Público Federal; sin embargo, la visitaduría general de la PGR entregó un total de 86 indagatorias en curso por el delito de tortura.

La visitaduría general entregó 38 averiguaciones previas y 48 actas circunstanciadas por delitos de tortura, las cuales se iniciaron en octubre de 2015, 83 de ellas fueron iniciadas en la Ciudad de México, y las otras en los estados de México, Puebla y Tabasco.

La información oficial refiere que en ocho de los expedientes (seis averiguaciones previas y dos actas circunstanciadas) fueron denunciados 16 servidores públicos federales y en 76 casos, la denuncia se interpuso en contra de quien resulte responsable.

De los 16 servidores públicos mencionados, 11 son elementos de la Policía Federal Ministerial.