Cuernavaca, Mor.

La inseguridad y la violencia que se padece en la mayoría de los municipios del país es una guerra contra la sociedad civil, instrumentada por el crimen organizado y el Estado mexicano para aterrorizar a la población, para que no proteste ni se manifieste, opinó el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, durante la entrega ayer del 24 Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, a Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Sobre el asesinato de 12 alcaldes de varios partidos en nueve estados del país –donde Michoacán encabeza la lista con tres homicidios– en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el prelado lamentó que la violencia no pare en el país.

La inseguridad en que vivimos es lo que necesita (el gobierno). ¿Por qué? Porque de este modo la gente tiene miedo a organizarse, a participar, a protestar y luego viene el endurecimiento de las políticas del Estado contra los luchadores sociales.

Necesitan un pueblo atemorizado, por eso el grado de impunidad de los crímenes, no se persigue al crimen organizado ni a los políticos corruptos o lavadores de dinero. Es parte del horror, porque en este momento México está en subasta”, fustigó.

Premiado pide cancelar el PIM

Por su parte, el luchador social Jaime Domínguez Pérez exigió la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, pues, aseguró, acabará con la vida campesina, con el agua, la tierra y el ambiente de la entidad.

Seguiremos luchado por cancelarlo; mil 600 millones de dólares (de inversión) están parados porque los pueblos han dicho que no darán ni una gota de agua para que éste opere, dijo.