Ciudad Juárez, Chih.

El gobierno de Chihuahua ofreció 65 millones de pesos a indígenas rarámuris de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, que el pasado 13 de abril tomaron las instalaciones donde se construye el aeropuerto de Creel para exigir la reparación de los daños ocasionados por las obras.

Los habitantes informaron que la propuesta les fue enviada en un documento por la oficina del secretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, por lo que la próxima semana darán respuesta, luego de que hagan un análisis detallado con sus asesores para integrar otras propuestas.

“Mientras no se resuelva el conflicto seguirán tomadas las instalaciones hasta llegar a un acuerdo”, pues la comunidad demandó la reposición de veredas y dos ojos de agua que fueron dañados, debido al impacto que ocasionó la construcción de la terminal aérea y de la cual no fueron notificados.

Solicitan $94 millones

Afirmaron que existe el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre los daños a la propiedad del poblado indígena, por lo cual demandaron 94 millones de pesos para conformar un fideicomiso que beneficie a la comunidad.

El gobierno de Chihuahua reconoció las afectaciones ocasionadas por el proyecto del aeropuerto en el municipio de Creel, el cual desarrolló sin ningún tipo de consulta pública con los habitantes indígenas, a quienes ha pedido que trabajen en la reparación de los daños a cambio de un jornal.

La oferta de las autoridades del estado, explicaron, es aportar 65 millones de pesos que cubrirán en un periodo de 10 años, para resarcir la destrucción de las veredas, el daño a dos ojos de agua que eran usados para consumo doméstico y animal, el deterioro la flora y fauna del bosque y la remoción de miles de toneladas de tierra.

Detallaron que el gobierno de Chihuahua simuló el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada el pasado 27 de noviembre de 2014 por el juez del octavo distrito, en favor de la comunidad y que ordena al gobierno estatal la reparación de los daños materiales e inmateriales causados por la edificación de esta obra.

A un año y medio de emitida la sentencia, indicaron, sólo se retiró una parte de la malla que rodea al proyecto para dar paso a las veredas, no han iniciado la reforestación, ni saneado los cuerpos de agua, aun cuando el juez solicitó en enero pasado terminar las rehabilitaciones en un plazo de cinco meses.