oda una sinfonía se ha armado con las voces estridentes que se han manifestado a favor de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continúe en México su labor de investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; consideran que la suspensión de su estancia está mal, cuando en realidad estuvo mal desde que inició actividades en el país.

El ingreso de este grupo para indagar un asunto de justicia exhibió a México como un país incapaz de solucionar el conflicto surgido en Iguala o, por razones que aún se desconocen, que no tuvo interés en resolverlo.

Cualquiera que haya sido la razón, fue suficiente para que el Estado mexicano no viera con buenos ojos la labor de los expertos, cuya aceptación derivó de la presión internacional. A regañadientes, México tuvo que aceptarlo y fingir que lo apoyaba.

El gobierno mexicano ha sido acusado de impulsar una campaña de desprestigio contra el GIEI, de la cual nunca se deslindó y que comenzó, curiosamente, seis meses después de haber iniciado actividades y rendido varios informes.

El GIEI puso contra la pared a los gobernantes mexicanos y puso en entredicho la justicia; muy marcada fue su oposición a que los expertos se entrevistaran con los militares señalados luego de la desaparición; descartó la muerte de los 43 en el basurero de Cocula; puso en evidencia la desaparición de videos entregados al Tribunal Superior de Justicia, así como la existencia de un quinto autobús la noche de los acontecimientos.

En total, echó abajo la verdad histórica urdida por la Procuraduría General de la República, que intenta mantener a toda costa, violando incluso acuerdos alcanzados con los expertos.

Ahora que el GIEI está a punto de concluir su segundo periodo, el gobierno encuentra una magnífica oportunidad de deshacerse de una piedra en el zapato que lo ha venido incomodando desde que inició operaciones, en marzo de 2015.

El 24 de abril el GIEI rendirá el informe con todas las conclusiones de su trabajo de los dos periodos. Todos los grupos e instituciones involucrados manejan su propia verdad, ninguna de las cuales se acerca a la justicia, la gran ausente en el caso.