a violencia ha predominado sobre otras formas de dinámica social desde hace mucho en la Sierra Tarahumara. El despojo se ha mantenido ahí por cuatro siglos, aunque vayan cambiando las formas que adopta. A los pueblos indígenas, poseedores ancestrales de ese territorio, les han quitado todo. Primero lo que está abajo del suelo: los minerales; luego, lo de arriba: bosques y pastos, y también el agua: arroyos, ríos y manantiales. Cuando la codicia se acabó lo de abajo y lo de arriba se abalanzaron sobre el paisaje, como sólo soporte de líneas de conducción, de pistas de aterrizaje, de tránsito, de gasoductos. Mineros, talabosques, ganaderos, hoteleros, gaseros, y ahora las nuevas mineras y los narcotraficantes, siempre de la mano de los gobiernos, extraen hasta la última gota de las venas abiertas de estas montañas y barrancas.

Pero las resistencias avanzan. Serenas y firmes, como el caminar de los rarámuris por sus veredas. El miércoles 13, la comunidad de Repechique, en el municipio de Bocoyna, decidió clausurar la obra en construcción del Aeropuerto Internacional Barrancas- Creel y plantarse ahí por tiempo indefinido en protesta por el no acatamiento del gobierno del estado de la sentencia emitida por el juez octavo de distrito desde el 28 de noviembre de 2014.

Dicha sentencia otorga a la comunidad de bosques de San Elías Repechique la suspensión de la construcción del Aeropuerto Barrancas del Cobre-Creel y ordena la reparación de los daños que esta obra le ha causado. Además, reconoce a Repechique como una comunidad indígena y a sus dos gobernadores como legítimos representantes, y asienta que se violó el derecho de la comunidad a ser consultados adecuadamente antes del inicio de la obra. Así lo relatamos en estas páginas: http://bit.ly/23MPj7a

Sin embargo, el gobierno del estado sólo ha simulado acatar el mandato del juez. Prosiguió parcialmente la construcción, derribó varios cientos de pinos, tendió una cerca metálica que cercena el territorio comunal y corta los caminos para que la gente se dirija a Creel, a las tiendas, a los hospitales. Todo esto sin realizar ninguna obra o entregar dinero alguno en reparación del daño. Las pistas del aeropuerto se continúan utilizando, tanto así que el candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Serrano, aterrizó ahí el domingo 10 de abril.

Desde enero, varias dependencias de los gobiernos federal y estatal recorrieron el aeropuerto junto con representantes de la comunidad y ante un juez acordaron llevarles el agua potable hasta su comunidad, arreglarles los dos ojos de agua afectados por las obras, reforestar, y recorrer la malla ciclónica que corta sus veredas. Nada han cumplido. Todavía el 2 de abril la comunidad sostuvo una reunión más con las autoridades sin ningún resultado.

Harta ya del menosprecio del gobierno de César Duarte, la comunidad de Repechique acordó rescatar el territorio que les arrebató el aeropuerto y el miércoles 13, desde temprana hora, más de un centenar de rarámuris, adultos, mujeres, jóvenes, niñas y niños declararon clausurado el aeropuerto y levantaron ahí su campamento. Exigen que se acate a cabalidad el mandato del juez, que se realicen recorridos para determinar los daños que se les han infligido, y se les indemnice por el despojo de su tierra. Los repechiques cuentan con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil, sobre todo del Frente Democrático Campesino y de Contec, Asesoría Técnica Comunitaria.

Los daños que tanto la comunidad como los técnicos que la han apoyado detectan son: destrucción de veredas, daño a dos ojos de agua para uso doméstico y animal, destrucción del bosque, remoción de miles de toneladas de tierra. Además de la presión ejercida sobre las personas de la comunidad y la depresión que les provoca ver su hábitat destruido.

En solidaridad con los repechiques se ha formado un cerco ciudadano en torno al aeropuerto. El campamento permanece en pie al momento de cerrar estas líneas. La comunidad, basada en los peritajes y en sus propias evaluaciones, está demandando al gobierno 93 millones de pesos para la reparación de las afectaciones causadas. El gobierno del estado, por su parte, regatea y burocratiza las negociaciones. Los repechiques no tienen prisa: saben que si no hay acuerdo, el juez octavo de distrito acudirá hasta su territorio a verificar por sí mismo los daños y si lo ofrecido por el gobierno del estado da para considerar cumplida su sentencia.

La ofensiva extractivista ha sido la ocasión para que por todo México y América Latina se vayan constituyendo nuevos sujetos locales. Son las comunidades, en especial las indígenas, que resisten, que emplean todas las armas jurídicas para responsabilizar a las autoridades y a quienes éstas apoyan para saquearlas. Hay liderazgos emanados en las luchas locales recientes. Las organizaciones no gubernamentales, varias de ellas en labores de asesoría técnica, los académicos y los comunicadores, forman en torno a esas comunidades en lucha redes plurales, horizontales, donde se comparten saberes y haceres. A su vez, estos tejidos se apropian y se expresan profusamente en las redes sociales. Así la conciencia local alimenta a la global y viceversa.

Esa es la nueva realidad de esperanza que nos revela la gesta de los repechiques.