unca será excesivo reflexionar sobre que a pesar de que el país aspira a ser una democracia, en ello no está considerada la decisión política de replegar al Ejército y la Marina del combate al crimen, todo lo contrario. Acéptese o no la paradoja, las fuerzas armadas (FA) son ya un poder fáctico dentro de las instituciones. Su creciente participación, principalmente de los marinos, en escenarios de política interior crea serias inquietudes sobre el papel que debe corresponderles.
Mientras la policía está militarizando su perfil para enfrentar al crimen, el Ejército compromete su signo institucional para comprometerse en labores policiacas con gravísimas consecuencias. No es fácil nombrar a un estado que no dependa de tropas para su seguridad. Es difícil pensar en una entidad o gran ciudad en los que los mandos superiores de las policías no estén a cargo de militares.
Es así que frente a una sociedad cada vez más insegura y menos autosuficiente en la materia, las FA están siendo llamadas a contribuir cada día más al control de la violencia con los graves riesgos de que esa preponderancia se asuma como normal y se arraigue sin alternativa imaginable. Aquella frase nunca creída de que las tropas regresarán a sus cuarteles
hoy es amarga ironía.
La respuesta que no hemos querido o podido encontrar es la siguiente pregunta: ¿cuáles son las consecuencias políticas, institucionales y de eficiencia de que las FA asuman crecientemente un papel mayor en tareas de seguridad interna?, ¿podrá eso revertirse?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y lo peor, ¿eso es realmente un propósito de la Presidencia? ¿Alguien está estudiando en serio las consecuencias de esta anomalía que por persistente parece estar bendecida? La respuesta es desalentadora: el creciente empeño de las FA en tareas policiales es ya una constante en la vida nacional de la que no se imagina una forma de salida.
No ha habido compromiso o eficacia para desarrollar sistemas civiles de preservación de la seguridad pública. Las más de las policías siguen siendo cuerpos carentes de profesionalismo, infiltradas por el crimen, mandatadas por militares al servicio de los gobernantes que actúan más con interés de atender el control político y social que de prestar un servicio público. Esta deficiencia de manera inercial incorpora a efectivos del Ejército a tareas policiales que les son indeseadas.
Ellos, cuerpos o individuos, con una formación ajena a tareas de orden público, aplicados a ser policías, lógicamente siguieron actuando como militares, como fue su vocación y educación. Un soldado no tiene por qué saber investigar los delitos, ejerce la violencia como reflejo condicionado estructuralmente por su adiestramiento. Las policías teóricamente deben tener aptitudes y actitudes protectoras de la sociedad, pero no se han logrado desarrollar.
Por décadas los problemas de seguridad pública fueron atendidos por policías sin profesionalización. Los gobernantes descansaron cómodamente en el Ejército. La seguridad pública era una suerte de ilusión compensada por una sociedad de conductas muy tradicionales y poco conflictivas. Hoy, ante un problema escalado, la improvisación es la misma.
Por todo ello, no puede ser pospuesta la erradicación de este absurdo. ¿Qué son las FA y qué esperar de ellas? El Programa sectorial de la Defensa Nacional 2013-2018 expresa que las fuerzas armadas han sido tomadas en consideración para constituir la primera barrera de contención del fenómeno delictivo, con el fin de proporcionar el tiempo y espacio necesario para que las instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno estén en condiciones de enfrentar el problema bajo un enfoque integral
. Así se explica oficialmente lo que hoy sucede, donde pierde el Estado, quedan mermados los derechos humanos y las propias tropas.
Continúa el programa: El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cuentan con una doctrina militar producto de su formación histórica y acorde a la política exterior de nuestro país; la cual guía las conductas y comporta-mientos individuales y la operación colectiva en el cumplimiento de sus misiones constitucionales. Sin embargo, actualmente se requiere de un proceso de actualización, basado en los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, científicos y militares de las últimas décadas; los cuales se han producido de manera vertiginosa
. Así, el Presidente, suscriptor del programa, acepta que está en curso el cambio hacia un empeño no tradicional, supuestamente ya no puramente militar, pero elude decir hacia adónde, alimentando la incertidumbre.
Pareciera ser que las condiciones están dadas para el ajuste legal de misiones, que ya se meditó oficialmente sobre la realidad y se abrió la puerta para una evolución. Tolerar esta ambigüedad es un riesgo para los equilibrios políticos del país, para su desarrollo democrático, para el ejercicio del mando que la Constitución atribuye al Presidente y para la sana ejecución de las misiones asignadas hasta hoy por la ley a las propias FA.
Se puede premonizar: pronto volveremos a ver que Iguales causas producirán iguales efectos
. De continuar el absurdo seguirán perdiendo el Estado, la sociedad y los ejércitos. México es un país que quiere instituciones definidas y vigorosas, que debe alentar su ubicación entre los respetados y respetables. ¿Qué son nuestras FA y para qué? Desde el gobierno nadie quiere contestar.
