Notas del follón panameño / I
os papeles ahí están: son casi 12 millones de documentos que registran las operaciones del despacho Mossack Fonseca a lo largo de años. Se trata de operaciones legales en todos los casos, en el sentido de que su realización en sí no viola ley alguna. Tampoco es delito por sí mismo el tener en casa tambos vacíos, bidones con ácido, un hacha y ropas ensangrentadas, ni se infringe la legalidad cuando se tiene como amigos, parientes, socios, compadres o contratistas a individuos aficionados a la ingesta de carne humana.
A esto equivalen las pistas en las que han estado trabajando cientos de informadores del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que han derivado, por lo pronto, en la caída del primer ministro de Islandia, quien se dedicó a trasegar millones de dólares por medio planeta mientras imponía draconianas medidas de austeridad a sus connacionales. Gobiernos de distintos países se apresuraron a asegurar que investigarán los indicios de delitos y a sus presuntos responsables, es decir, a los dueños de los dineros movilizados con tanto sigilo o de las empresas offshore por medio de las cuales fueron realizadas las operaciones. Éstos, por su parte, recurren a explicaciones similares a las que urdiría un tipo pillado con tambos, ácido, hacha y ropa con sangre: que su trabajo de herrero pasa por el mordido de metales, que tenía que cortar leña y que en días pasados tuvo una hemorragia nasal fuertísima.
El problema es que una persona con capacidad para mover dinero por el mundo debe saber que resulta mucho más barato abrir una cuenta en la sucursal bancaria más cercana a su casa que establecer o comprar una empresa de papel en las Islas Vírgenes. Si a pesar de ello se toma la molestia de contactar a Mossack Fonseca para que se haga cargo, entonces es legítimo sospechar que tiene motivos para ocultar el dinero. Y el motivo más verosímil es ocultar una defraudación fiscal, el lavado de dinero o el fraude jugoso.
Lo que sigue depende de la credulidad de las opiniones públicas –inducida, desde luego, por el margen de maniobra mediático de los involucrados–, de la capacidad de las sociedades por restablecer el mínimo decoro ante los poderes políticos y económicos y de la fortaleza institucional de los países. Así, en Islandia, el señor Sigmundur David Gunnlaugsson tuvo que meter sus cosas en cajas de cartón y abandonar la oficina de primer ministro. En cambio, el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud; el presidente argentino, Mauricio Macri; el premier británico, David Cameron; el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, y el jefe de Estado de Ucrania, Petro Poroshenko, han escogido los argumentos del supuesto herrero al que le sangra la nariz y se han aferrado a sus respectivos cargos. Significativamente, en ninguna de sus naciones tuvieron lugar manifestaciones masivas como las realizadas por los ciudadanos islandeses desde que se supo que Gunnlaugsson andaba ocultando dinero en islas paradisiacas mientras el pueblo de su país pasaba las de Caín para pagar una crisis económica de la que no tuvo culpa alguna.
Las marchas contra el mandamás podrán ser inconcebibles (o ya no tanto) en Riad, pero no tendrían por qué serlo en Londres, Kiev o Buenos Aires. Reacciones sociales aparte, el grado de dureza facial de Macri, Cameron y Poroshenko es equiparable al del sultanete saudí y el nivel de impunidad queda homologado en los respectivos gobiernos.
Hay niveles
La forma en que los periodistas del ICIJ han presentado la investigación establece tres grupos principales de involucrados: los jefes de Estado o gobierno, los políticos y funcionarios públicos y los parientes, socios o próximos a individuos del primer grupo. En forma inexplicable, omitió en su presentación a diversos empresarios y/o figuras públicas que han sido sacados a la luz por trabajos de alcance nacional y que, en el caso de los potentados, tienen vinculaciones e influencia con el poder público. En el rubro de los gobernantes relacionados con ocultadores de fortunas, el equipo periodístico mencionó al propio bin Sultán Al Nahyan; al primer ministro de Azerbayán, Ilham Aliyev, quien tiene a su mujer y a sus hijos metidos en el ocultamiento; al presidente chino, Xi Jinping, cuyo cuñado, Deng Jiagui, aparece como movedor de fondos en islas exóticas y quien ya había sido mencionado como magnate inmobiliario; Vladimir Putin, tres de cuyos amigos cercanos participan en el trasiego de recursos monetarios; el rey de Marruecos, Mohamed VI, que tiene un secretario personal, Munir Majidi, adicto a la creación de empresas fantasma; el presidente sirio, Bashar Assad, cuyos primos Rami y Hafez Makluf, hoy caídos en desgracia en Damasco, mueven dinerales por medio planeta; el premier paquistaní, Nawaz Sharif, a cuyos hijos les encanta jugar a las escondidas con el dinero; su homólogo malasio, Najib Razak, también con un vástago metido en los negocios oscuros; Enrique Peña Nieto, cuyo contratista favorito
(así lo llama el ICIJ), Juan Armando Hinojosa Cantú, fue sacado a balcón trapicheando más de 100 millones de dólares de isla en isla, y el presidente sudafricano, Jacob Zuma, quien tiene un sobrino pirruro adicto a la quiebra fraudulenta de empresas y a enviar sus divisas a playas lejanas. El rey emérito de España, Juan Carlos Borbón, tiene una hermana que también le entra a los trucos de magia con el dinero, y hay en la lista varios ex gobernantes con relaciones de esas. Además, en los papeles se puede encontrar a deportistas como el futbolista Lionel Messi, a la starlette Edith González, al novelista Mario Vargas Llosa y al cineasta Pedro Almodóvar.
¿Putin, el impolutin?
Llama la atención que los medios occidentales hayan usado la foto del presidente ruso como símbolo de las truculencias financieras de Mossack Fonseca, siendo que Putin no es uno de los directamente involucrados en la lavandería. Con mayor razón habrían podido ponerle al escándalo la cara de Macri, la de Cameron o la del rey saudita. Ese sesgo tan evidente hizo sospechar a muchos que los #panamapapers eran una operación de propaganda occidental contra el gobierno ruso, pero Wikileaks esclareció la cuestión en forma meridiana: ver los documentos del despacho panameño como una impostura, dijo, carecía de sentido; en cambio, era claro que el equipo central de ICIJ había sido influenciado por el financiamiento que recibió del gobierno de Estados Unidos (vía la USAID y otras agencias gubernamentales) para poner al ruso como demonio principal del lavado. La semana entrante habrá que seguir revisando el tema.
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