Si bien fue importante e inédito que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreciera una disculpa por la tortura infligida a una mujer a manos de un capitán, una soldado y una policía federal (captados en video que fue difundido ampliamente en los medios de comunicación), la acción debe complementarse para que dicho mensaje ‘‘permee al interior de las fuerzas armadas’’.

Sostuvo lo anterior el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien dijo que en los casos de tortura se debe sancionar a los responsables, ‘‘porque la impunidad es generadora de que se propicien estos casos’’.

En la medida en que haya sanciones y que la sanción sea proporcional a la conducta que se cometió, se mandará un mensaje muy importante de que esto se debe erradicar en el país, indicó el ombudsman en entrevista, luego de rendir su informe anual de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

‘‘Un solo caso de tortura es demasiado para la CNDH’’, dijo; sin embargo, no precisó cuántos casos de tortura o desaparición forzada investiga la comisión en los que estén involucrados integrantes de las fuerzas armadas.

González Pérez confió también en que el mensaje del pasado lunes del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, a los cuerpos de la Policía Federal, en el que también ofreció una disculpa por la tortura sufrida por Elvira Santibáñez el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán, Guerrero, también sea asimilado y llevado a la práctica por los elementos de la corporación.

Agregó que la inédita disculpa del titular de la Defensa Nacional ante más de 30 mil soldados en el Campo Militar número uno, debe ir acompañada del fincamiento de responsabilidades, no sólo en el ámbito castrense, sino que la Procuraduría General de la República debe hacer lo propio en el ámbito civil.

‘‘Estaremos pendientes de que ese tipo de conductas no sucedan’’, afirmó. Agregó que si llegan a suceder, ‘‘que se castigue ejemplarmente a los culpables’’. Previamente, aseveró que el reconocimiento normativo de los derechos ‘‘resulta de poca relevancia si los mismos no adquieren vigencia y no se cuenta con las vías o medios para hacerlos efectivos, para reclamar su cumplimiento o resarcirlos’’.