Luego de que organizaciones sociales denunciaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la desaparición masiva de niños y adolescentes, el gobierno mexicano se comprometió a invitar a la relatora de la infancia de dicho organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, para que en los próximos meses realice una visita al país.

El cuestionamiento de los comisionados de la CIDH a autoridades mexicanas por los ataques a sus expertos en el caso Ayotzinapa y al secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, sin duda influyeron para lograr que aceptaran otras tres propuestas para combatir esa tragedia, afirmó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

De más de 23 mil desparecidos, 30 por ciento son menores de edad, es decir, alrededor de 6 mil 900, recordó. Hay dos grupos severamente afectados, los que tenían entre cero y 4 años, en el que seis de cada 10 son varones, y adolescentes de entre 15 y 17, donde setenta por ciento son mujeres, señaló en entrevista.

Sobre las desapariciones de las adolescentes, en los dos primeros años de la administración federal (2012-2014) hubo un incremento de 250 por ciento, según el informe de la Redim. El documento completo se puede consultar en la dirección electrónica: http://tabsoft.co/1qxLEbp

La semana pasada, Pérez García se presentó a una audiencia temática en el 157 periodo de sesiones de la CIDH, y entre 3 mil peticiones se eligió la de menores desaparecidos en México, lo que demostró la preocupación del organismo y coloca al país en la mira internacional, apuntó.

En el encuentro plantearon la visita de la relatora y otras tres demandas que, según Pérez García, fueron aceptadas por el gobierno federal. La primera es que en la ley general sobre desaparecidos que se discute en el Senado incluya un capítulo específico para la niñez, y así crear un protocolo único de búsqueda. Existe la alerta Amber, pero sólo funciona como un llamado de ayuda pública para localizar, no para buscar, explicó.

Luego, instaurar un sistema de información con fuerte énfasis en la infancia, que nos ayude a tomar mejores decisiones. Por último, realizar mesas de trabajo con casos que sirvan de ejemplo para ubicar los errores que se cometieron en ellos; identificar o deslindar responsabilidades, si son funcionarios corruptos coludidos con el crimen o si hay una norma equivocada que hay que cambiar, o si tiene que ver con recursos de las procuradurías.

Ahora confían en que esos acuerdos se pongan por escrito, en un convenio quizá (...) Nuestro objetivo no sólo es quejarnos, sino que las cosas cambien. Ya que llegamos a instancias internacionales, el gobierno ha demostrado disposición, indicó.

La audiencia de la Redim ocurrió después de una sesión en la que los comisionados reclamaron al Estado mexicano el fuerte ataque a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 normalistas. Por esos días, además, el gobierno insistió en que los especialistas no permanecerían más en el país.