l video de la mujer torturada en el guerrerense Ajuchitlán ¡del Progreso! (vaya ironía) constituye una confirmación gráfica de lo que la inmensa mayoría de los mexicanos sabe y una desafortunada porción de ellos padece o ha padecido: la práctica sistemática de la tortura para sostener a un sistema de tortura. No son solamente los policías, soldados o marinos, sino la estructura completa de un poder que ha entrado en tal fase de descomposición que ha generalizado el uso brutal de la fuerza y ha institucionalizado la violación de los derechos humanos, tratando luego de encubrir con cinismo y retórica legaloide los casos que se llegan a descubrir y difundir.

La catastrófica situación de los derechos humanos en México ha sido denunciada de manera continua y sostenida por diversas instancias internacionales, la más reciente de ellas el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha realizado una enumeración incontestable del actuar delictivo de los cuerpos civiles y militares. A pesar de las apariencias protocolarias y los amables boletines de prensa de Los Pinos respecto a la más reciente gira que Enrique Peña Nieto está realizando, el tema ha estado presente no solamente en protestas callejeras y denuncias de organismos vigilantes de tales asuntos, sino incluso en pláticas oficiales con autoridades de Alemania y Dinamarca que no han podido cerrar los ojos ante la bárbara realidad mexicana.

En ese esquema de represión por sistema (que en el fondo es consecuencia del fracaso extendido de la clase política mexicana en cuanto a la atención y la resolución de los problemas nacionales estructurales), la desaparición de 43 normalistas en Iguala se ha convertido en un expediente que revela las deficiencias procesales, complicidades de élite e incapacidad política del gobierno actual. Conforme van surgiendo nuevos datos, como la versión aportada por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez (él y esa comisión, parte sustancial del montaje de simulaciones justicieras en el país), sobre la participación de policías federales en la noche trágica de Iguala, o a la luz del esfuerzo descuadrado del peñismo por expulsar y descalificar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se fortalece la presunción de que es mucho y muy delicado lo que el poder central de México ha pretendido ocultar.

En otra forma de tortura social, Michoacán vive inmerso en la reactivación violenta de cárteles que hasta ahora habían sido medianamente contenidos. Contra las pretensiones triunfalistas de Silvano Aureoles, el comisionado de Los Pinos para los asuntos de esa entidad (el anterior comisionado era Alfredo Castillo, quien ahora se dedica a añadir deterioro al deporte nacional), han resurgido los narcobloqueos masivos y se han multiplicado las agresiones a ciudadanos en general y a comerciantes en diversa escala (desde los pequeños hasta las medianas y grandes compañías, cuyos camiones son incendiados). No hay planteamientos resolutivos de fondo en Michoacán, sino un forcejeo entre poderes por el control del gran negocio estatal, con la población civil como víctima y con una acumulación de insatisfacción que impulsa a algunos grupos a reconsiderar la alternativa tan manipulable de las autodefensas.

Otra vertiente de tortura a los ciudadanos indefensos es la obligada exposición a emisiones tóxicas que causan en lo inmediato malestares aparentemente menores, pero que pueden generar consecuencias de salud altamente dañinas. En la mancha urbana que tiene a la Ciudad de México como referente se ha acelerado un fenómeno de contaminación ambiental que pretende ser adjudicado mayoritariamente a los usuarios de vehículos automotores, a los que se castiga incluso con la prohibición de circular en determinados días a pesar de que técnica y jurídicamente tuviesen dictámenes que demostrarían que sus unidades no rebasan los límites permitidos.

El súbito agravamiento de las condiciones ambientales no ha sido suficiente y convincentemente explicado y, ante el prohibicionismo calendarizado del tráfico como principal propuesta de solución, se han planteado estudios y especulaciones que no coinciden con los diagnósticos oficiales. Mucho se ha hablado del nuevo reglamento mancerista de tránsito como promotor de más gases tóxicos. También se insiste en la urgencia de extender esa mano dura hacia fábricas e industrias altamente contaminantes. Y se han multiplicado las versiones y opiniones respecto a la eventual composición perniciosa de las gasolinas que se consumen en el país, con acento en la presunción de que se hubieran hecho negocios de élite con proveedores extranjeros que producen combustible de menor calidad que la antes utilizada. Mientras tanto, la salud colectiva es diariamente agredida.

La más reciente muestra de torpeza ejecutiva de Aurelio Nuño se ha dado contra el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Cual si fuese una simple pieza portátil, se ha movido de adscripción burocrática al instituto, entidad de profunda raigambre popular que merecería con legitimidad su declaración de autonomía (como tantas universidades públicas) y no la grosera adscripción en términos de organigrama a la oficina del titular de la SEP, luego que se le había encuadrado como dependiente de la subsecretaría de educación superior. Como era previsible, ha generado protestas el traslado del IPN a la colección personal del entusiasta verdugo laboral del magisterio. Esa inconformidad se suma a la errática gestión del director del IPN designado por Los Pinos, Enrique Fernández Fassnacht, luego de los paros y movilizaciones que en 2014 forzaron a la secretaría de gobernación a plantear ciertos acuerdos en busca de desactivar la inconformidad de una parte de la comunidad politécnica.

Y, mientras la vocería de los familiares de los 43 asegura que se llegó al acuerdo con la PGR de continuar la búsqueda de los desaparecidos, con GIEI o sin él, ¡hasta el próximo lunes!

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