a Unión Europea (UE) estableció ayer nuevas normas de protección de datos, con el propósito de reforzar la privacidad en Internet, así como para simplificar la legislación correspondiente en sus 28 integrantes y fortalecer la colaboración en materia policial y de seguridad. Entre otros aspectos relevantes, la regulación requiere el consentimiento claro de los consumidores para que su información privada pueda ser procesada por empresas o gobiernos y establece el llamado derecho al olvido, que permitirá a cualquier usuario de las redes pedir la eliminación de sus datos no esenciales de los buscadores. Al mismo tiempo las normas aprobadas permitirán una colaboración más estrecha y ágil entre las instancias policiales y judiciales de los estados miembros de la UE, a fin de mejorar la seguridad de la región, sometida a la amenaza de atentados como el del mes pasado, en Bruselas, y el del 13 de noviembre de 2015 en París.

El enfoque de las autoridades europeas en materia de privacidad y seguridad de datos en las redes contrasta claramente con la actitud del gobierno estadunidense, el cual no sólo ha sometido a millones de personas y entidades de dentro y fuera de Estados Unidos a un espionaje cibernético ilegal, sino que se encuentra enzarzado en batallas judiciales en contra de algunas de las principales empresas informáticas, a las cuales exige que desencripten información privada de sus usuarios.

El más reciente episodio de estos diferendos es la demanda interpuesta el pasado miércoles por Microsoft en contra del gobierno, el cual le ha prohibido notificar a sus clientes cuando sus documentos y comunicaciones son sometidos a escrutinio de alguna dependencia oficial. El alegato del gigante del sofftware señala que la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, implantada hace tres décadas en el país vecino, es violatoria de la cuarta enmienda constitucional, la cual garantiza el derecho de las personas a tener conocimiento de todo registro gubernamental en sus propiedades.

Según la empresa fundada por Bill Gates, en el último año y medio ha recibido más de cinco mil órdenes de poner a disposición de alguna oficina gubernamental información de ciudadanos almacenada en la nube, es decir, en grandes servidores que dan servicio de resguardo de información a millones de usuarios. Cerca de la mitad de esas órdenes prohibían a la empresa comunicar a sus clientes que su información estaba siendo sometida a escrutinio. Microsoft acusó al gobierno de aprovecharse de la tendencia internética a preferir la nube como medio de almacenamiento, por sobre los discos duros de las computadoras personales, para violentar el derecho a la privacidad.

El mismo empecinamiento de las autoridades estadunidenses en arrogarse el derecho a husmear en la información privada de gobernantes, empresas, instituciones y simples ciudadanos de su país y de otras naciones explica, en buena medida, la decisión europea de adoptar una política de protección de la información. Sin embargo, debe considerarse que no bastan las leyes y disposiciones oficiales para hacer efectiva tal protección, en la medida en que Washington no se anda con escrúpulos legales cuando se propone espiar. Para colmo, los nodos principales de Internet siguen estando situados en territorio de Estados Unidos, lo que facilita el trabajo de las intervenciones ilegales.

Más allá de leyes, se requiere que los europeos, los latinoamericanos y los asiáticos avancen en la consecución física de la soberanía informática, mediante el establecimiento de redes que no pasen por Estados Unidos. Se trata, desde luego, de un desafío económico importante, pero no imposible, si se enfrenta con voluntad política y espíritu de integración.