Los apoyos del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) no tendrán efecto alguno sobre la posición financiera del sector público, lo que permitirá que 70 por ciento del remanente de operación del Banco de México se destine completamente a reducir el saldo de la deuda pública total, señala un análisis de BBVA Research sobre México.

Los apoyos son positivos, apunta, porque ayudan a la empresa petrolera a enfrentar sus problemas de liquidez y le proveen de mayor espacio para mejorar su situación financiera de corto plazo. Pero advierte también que Pemex deberá cumplir con las condiciones bajo las cuales estos recursos fueron otorgados y que éstas se complementen con disposiciones que apoyen la mejora de su posición financiera en el mediano y largo plazos.

Arguye que el apoyo gubernamental asciende a 123 mil 500 millones de pesos en total y proviene de tres fuentes: una aportación patrimonial; la conversión del bono de pensión de Pemex, otorgado a finales de 2015, en instrumentos negociables del gobierno federal y de modificaciones al régimen fiscal de la petrolera, que permitirán un menor pago de derechos.

Resuelve problemas de liquidez

Elaborado por los especialistas Javier Amador, Iván Martínez, Javier Morales y Carlos Serrano, el análisis de BBVA explica que las medidas de respaldo a Pemex corresponden a 73 mil 500 millones de pesos de apoyo financiero, y de la reducción en el pago de derechos por 50 mil millones de pesos por las modificaciones al régimen fiscal de la compañía.

La parte del apoyo financiero se subdivide en una aportación patrimonial de 26 mil 500 millones de pesos y otra, calculada en 47 mil millones, proveniente del intercambio del bono que el gobierno federal le otorgó a Pemex en 2015 para el pago de pensiones y jubilaciones en 2016, por títulos del gobierno federal.

Ambas medidas, por 73 mil 500 millones de pesos, pretenden ayudar a la petrolera a resolver sus problemas de liquidez de corto plazo y la condicionan a una disminución forzosa de su pasivo.

Con base en el comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el análisis del BBVA Research pormenoriza que la aportación patrimonial de 26 mil 500 millones de pesos proviene de la reducción presupuestaria que el gobierno federal anunció el pasado 17 de febrero, por lo cual esa medida no tendrá impacto financiero para el sector público porque se trata de una operación compensada.