l secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió ayer con 12 gobernadores y, en Twitter, aseguró que en dicho encuentro acordamos trabajar juntos para generar las mejores condiciones hacia las elecciones locales del 5 de junio. En Aguascalientes, adonde fue para apoyar la campaña de su candidato a gobernador, Martín Orozco, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, había señalado que el desbordamiento de la violencia criminal ha vuelto complicado hacer campaña en algunos estados, sobre todo en Tamaulipas y Veracruz.

Aspirar a las mejores condiciones, como plantea Osorio Chong, es en estos momentos una candorosa utopía. En la inmensa mayoría de las entidades donde habrá relevo de gobernador están enquistados en el poder estatal determinados grupos empresariales, políticos y delincuenciales que apoyan a alguno de los candidatos a la sucesión y están dispuestos a imponerlo mediante las marrullerías pacíficas ya tradicionales (compra del voto, alteraciones documentales, etcétera) o por la violencia física directa, ejecutada por grupos del Crimen Políticamente Organizado que ejercen funerarias advertencias y vetos a la par que financian y promueven a los abanderados con los que ya llegaron a arreglos de continuidad en los negocios compartidos.

Son muy ilustrativos los ejemplos de complicación extrema que dio el descafeinado dirigente nacional del partido conservador. En Tamaulipas parece virtualmente imposible que llegue a darse una alternancia en el poder estatal. El poder real lo ejercen los grupos delictivos que a sangre y fuego hacen valer sus leyes en toda la geografía de esa entidad, sustraída a cualquier pretensión de normalidad, con el eje Matamoros-Reynosa-Nuevo Laredo en constante ebullición, sobre todo en la segunda ciudad citada, donde día tras día hay enfrentamientos, narcobloqueos, incendios de automóviles y crímenes contra la población. En la propia capital del estado, Ciudad Victoria, la fuerza de los cárteles se muestra de manera implacable.

En esas pésimas condiciones para la población en general, el candidato priísta, Baltazar Hinojosa Ochoa, tiene el camino libre para hacerse del gobierno estatal. Lo envía el centro, es decir, Los Pinos, con un sello grupal que en aquellas tierras aseguran se debe a que es familiar de Juan Armando Hinojosa Cantú, el famoso constructor que ahora lo sería de gubernaturas, y ante tales indicios los grupos locales se han alineado. El desajuste más reciente en el entendimiento estructural de Tamaulipas se dio justamente seis años atrás y desembocó en el entonces candidato priísta, Rodolfo Torre Cantú, puesto de rodillas en una carretera rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria para recibir disparos que le quitaron la vida a él y a algunos de sus acompañantes, a escasos días de las elecciones constitucionales, en una ejecución fulgurante, realizada por expertos, de la que hasta ahora no hay más que silencio y muchas ganas de no moverle más al asunto.

En Veracruz el escenario presenta en cerrada competencia a dos figuras representativas del mismo esquema que dicen combatir. El priísta Héctor Yunes Landa (HYL) trata de hacer creíble una promesa de confrontación tajante con el actual gobernador, Javier Duarte de Ochoa, pero, a pesar de que el propio HYL tiene razones personales que motivarían una venganza ejemplar contra Duarte, a fin de cuentas ambos son parte de un sistema que requiere de simulaciones que no rompan las complicidades establecidas.

La presunta alternativa, el panista Miguel Ángel Yunes Linares (primo de HYL), tiene un historial político tan denso y oscuro que ningún cambio positivo puede esperarse de su eventual triunfo en la minigubernatura veracruzana. Un ejemplo de la voracidad presupuestal está en Los papeles de Panamá y las referencias a Omar Yunes Márquez, hijo del candidato MAYL, aunque, con su desparpajo acostumbrado, papá Yunes dijo que tal vez se trataba de un homónimo de su vástago, pues en su familia hay muchos miembros con esa combinación de nombre y apellidos. En suma, en Veracruz el Crimen Políticamente Organizado está dividido en dos bandos fuertemente confrontados, con control institucional del priísmo.

También hay condiciones densas y oscuras en Chihuahua, donde César Duarte ha logrado una regularización de los negocios aún dominantes; en Sinaloa, donde tampoco se mueve la hoja de un árbol electoral sin el respaldo de los personajes históricos (estén presos o en libertad); Durango, que es otro de los museos del priísmo dinosáurico, con una consolidada presencia definitoria de capitales y grupos de riqueza de origen nada desconocido; Hidalgo, tierra de caciquismo también relacionada con determinada marca y políticamente concesionada en esta administración federal a los socios, específicamente a quien pretende ser candidato presidencial de tres colores en 2018; Oaxaca, donde el movimiento oscuro se ha mantenido más allá de alternancias partidistas en el poder y ahora pretende reinstalar relaciones añejas; Quintana Roo, con plazas de fama mundial que al mismo tiempo son centros de distribución y consumo que compran y demandan protección oficial… Y así por el estilo, en esa geografía electoral convulsionada, condicionada, dominada, en la que no hay ni habrá, al menos en estos comicios, las mejores condiciones, sino las peores.

Tal como con claridad se prefiguraba, el gobierno mexicano dio por terminada la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sin que hasta el momento se tenga claridad respecto de lo acontecido en Iguala, y presuntamente en Cocula, pero sí con la seguridad de que hubo militares que supieron lo que sucedía y no actuaron (y tampoco se permitió a ese GIEI dialogar directamente con esos testigos de verde olivo) y con el derrumbe documentado de la presunta verdad histórica. Falta ver lo que decida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero Los Pinos ya cree haber bajado el pulgar, al menos en su ámbito inmediato. ¡Hasta mañana!

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