En México, el acoso, las descalificaciones y el linchamiento mediático contra los defensores de derechos humanos y contra las víctimas son constantes, señalaron activistas.

Durante el foro político México y el mundo actual, realizado en Casa Lamm, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), resaltó que las acusaciones se multiplicaron en este sexenio con campañas cada vez más agresivas. Dijo que siempre se han realizado los intentos por desvirtuar la acción que hacen los organismos civiles, cuestionando, entre otras cosas, quiénes están detrás de los fondos que reciben.

Acompañado por Leonel Rivero, abogado de Nestora Salgado y Miguel Álvarez, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), recordó que durante 2015 hubo informes internacionales muy contundetes que evidenciaron la gravedad de la crisis que atraviesa el país en la materia. Fueron seis voces que diagnosticaron la dificultad de la situación de México.

Uno de ellos es el reporte del relator especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, que concluye que en el país la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son ‘‘generalizados’’ y ocurren en un contexto de impunidad.

“Los derechos humanos se han vuelto una cuestión crítica, inmanejable para el gobierno federal, porque los defensores como Vidulfo Rosales o el sacerdote Miguel Concha, entre otros, no se pueden comprar, no se pueden prestar a negociaciones oscuras.

El propio Juan Méndez fue acosado por el Estado. El mismo mecanismo de imputación se aplicó con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), quienes han sido señalados reiteradamente en los medios cercanos al gobierno de ser poco serios.