Guanajuato, Gto.

En cuatro años, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integró 244 averiguaciones previas contra policías municipales, estatales y ministeriales, acusados de lesiones, tortura y abuso de autoridad, pero sólo 15 han sido consignadas ante un juez.

De esas 244, 113 fueron contra ministeriales y estatales. Ninguna fue consignada; 68 fueron reservadas, acumuladas o archivadas y 45 continúan en investigación, según estadísticas de la PGJE obtenidas por la unidad de acceso a la información.

Las 131 averiguaciones restantes fueron contra agentes municipales acusados de lesiones, abuso de autoridad, robo, amenazas, abusos sexuales y allanamiento. Sólo fueron consignados 15 uniformados y no se ejerció acción penal contra ministeriales ni estatales.

Se desconoce cuántos efectivos policiacos tuvieron sentencias condenatorias porque el Poder Judicial del estado se negó a entregar la información, con el argumento de que no la tiene clasificada y es confidencial.

De 2012 a 2015, el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato realizó 16 mil 268 pruebas a policías de la entidad, de los cuales mil 924 fueron dados de baja por no aprobar los exámenes.

A pesar de la depuración, en las direcciones de Seguridad Pública laboraban oficiales que pasaron las pruebas, pero que ha-bían sido arrestados por violación, robo u homicidio.

En abril de 2014, José Juan Miguel Morales, policía que fungía como escolta de la familia del ex alcalde de Irapuato Sixto Zetina Soto, fue arrestado por robo y homicidio. Asaltó una gasolinera y asesinó a tiros a Hilario Vázquez y a Santiago Patlán en la comunidad de El Zangarro.

En septiembre de 2014, el subdirector operativo de la policía de Silao, Jorge Fonseca, fue detenido por orquestar la golpiza y amenazas contra la periodista Karla Silva Guerrero. El 30 de marzo de 2016 fue arrestado por los mismos cargos Nicasio Aguirre Guerrero, ex director de la policía de Silao.

Un oficial de San José Iturbide –las autoridades no difundieron su identidad– ultimó en noviembre de 2015 a Emmanuel Alamilla Chicho, de 19 años. En febrero de 2016 dos agentes de León fueron arrestados por violar a dos menores.

El 21 de febrero pasado el uniformado Pablo Torres García, de 24 años, violó a dos adolescentes de 12 y 14 años. El policía Ulises Santiago Martínez permitió que Pablo Torres consumara el abuso sexual. En Guanajuato se han incrementado en 80 por ciento las violaciones. De 2010 a 2015 la PGJE recibió 3 mil 198 denuncias por ese delito.

El sábado anterior la PGJE aprehendió a un policía de Celaya que, junto con su padre, privó de la libertad a un adolescente de 14 años y lo asesinó. La dependencia no ha emitido detalles sobre el crimen, pero se informó de manera extraoficial que los acusados ultimaron al joven, pues los vio cuando robaban una motocicleta.