El proyecto de dictamen de ley general para prevenir y sancionar delitos en materia de desaparición forzada debe incluir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como la de que sea una norma eficaz y centrada en la búsqueda de los ausentes, señaló Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Expuso que el proyecto, elaborado por la Comisión de Justicia con base en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto y otras presentadas por legisladores, no refleja esa prioridad y deja fuera la creación de un registro nacional de datos de personas detenidas.

Consideró que el proyecto de dictamen debe ser revisado por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y familiares de los demás desaparecidos, antes de aprobarse, toda vez que se trata de los afectados, quienes deben ser amparados por la nueva ley.

El señalamiento principal, recalcó, es que la ley debe reafirmar la necesidad de buscar a los desaparecidos, asunto prioritario y que no siempre está relacionado con la investigación, como lo demuestra el caso de los normalistas.

De la Peña recalcó que es una de las recomendaciones que el GIEI formuló en su primer informe del caso Iguala, en el cual insistió en que la nueva ley en materia de desaparición forzada debe ser eficaz y eficiente o, de lo contrario, será letra muerta.

La necesidad de crear un registro nacional de datos de personas detenidas, a cargo del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó, se debe a que la mayoría de casos de desaparición forzada son perpetrados por autoridades, quienes nunca dan cuenta de la detención.

Testimonios de los familiares de víctimas de ese delito coinciden en que la policía los detiene, son torturados y nunca llegan a una barandilla (del juez), porque antes los desaparecen. Con el registro obligatorio será más fácil saber qué pasó y cómo actuaron los agentes del Estado.

La legisladora insistió en que invitarán al GIEI o a algunos expertos a que se reúnan con integrantes de las comisiones dictaminadoras y lo mismo harán con el relator de la Organización de Naciones Unidas sobre tortura, Juan Méndez, a quien el gobierno federal le ha impedido realizar una visita de trabajo al país.

Es importante su acompañamiento, agregó, en la ley para prevenir y erradicar la tortura. El proyecto de dictamen se presentará la próxima semana e incluye, adelantó, las observaciones del relator Méndez.

Explicó que establece un solo tipo penal y la posibilidad de sancionar a toda la cadena de mando implicada en tratos crueles o degradantes.

Expresó su confianza en que se podrán aprobar ambas leyes en los 20 días que restan al periodo ordinario de sesiones, que concluye este mes. Los trabajos se van a intensificar, insistió, para tener listos los dictámenes de ambas leyes.

Por separado, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, indicó que se hará un esfuerzo para aprobar la legislación en materia de tortura y desaparición forzada.

Adelantó que la mesa directiva acordó sesionar dos días más a la semana –de lunes a jueves– en los pasados 15 días, para discutir los dictámenes consensuados de los temas pendientes.