Buenos Aires.

El fiscal Federal Federico Delgado quien imputó este viernes al presidente Mauricio Macri por omisión maliciosaen su declaración jurada, advirtió que la justicia intentará determinar si Macri ha ía omitido su participación comercial a propósito, o si se le escapó la tortuga o si fue un error de un empleado, y recordó que desde 1999 todos los funcionarios deben detallar sus bienes, incluso si tienen anillos, televisores, todo.

Delgado sostuvo en una radio local que la declaración de certeza que realizó este viernes el mandatario ante la justicia civil, no interfiere con la investigación, son dos cosas paralelas y que esto no frena la acción penal.

Este viernes se sumó otro fiscal especial, Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quien solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción (OA) presenten documentación sobre Macri y las sociedades offshore mencionadas en la investigación de los Papeles de Panamá.

Rodríguez hizo una presentación ante el fiscal Delgado, para que se investigue al presidente por supuesta omisión maliciosa de declaración jurada de bienes.

Por otro lado el juez Sebastián Casanello, ante quien imputó Delgado a Macri convocó a prestar declaración testimonial al periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación y a la abogada Silvina Martínez, integrante del equipo técnico de la diputada Margarita Stolbizer del GEN (Generación ara un Encuentro Nacional).

Existen otras medidas ordenadas por el fiscal Delgado que aún no aplicó el juez Casanello como el requerimiento a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre un amplio informe en relación a las dos sociedades offshore en cuyo directorio figura el residente que son Fleg Tradin LTD, radicada en las Bahamas desde el año 1998, en la que Macri figuraba como director y vicepresidente, y Kagemusha SA, registrada en Panamá y aún en funcionamiento.

En relación a los papeles presentados por el presidente para salvar su situación quedó en claro que la declaración jurada de su padre ante la AFIP, no alcanza para determinar si fue o no accionista de Fleg Trading, en la que Macri figura como director. Tampoco resultan evidencia que pueda salvar al mandatario, las cifras que figuran en el monto que Franco Macri tributa en el exterior.

Nada de esto refiere los movimientos ni las actividades ilíticas que puedan surgir en relación a las Sociedades Offshore y esto es lo que investigará la justicia.

Hasta ahora varios funcionarios, incluyendo a Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, que han querido ayudar al mandatario no lo han logrado, ni han reducido el escándalo internacional sobre este caso.

La versión oficial presupone que el dueño de la empresa fantasma es Franco Macri, algo que sostiene el Presidente pero que no está demostrado. Y presupone que no tiene movimientos, algo que tampoco puede saberse con la documentación que hicieron pública dijo la especialista en corrupción y criminalidad económica, Natalia Volosin, a Página 12.

Lo que resta determinar, además, es qué tipo de actividad tuvo la empresa en los últimos diez años. Los papeles presentados hasta ahora no prueban nada agregó Volosín.

Otra denuncia

Por su parte el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat explicó los argumentos de su denuncia contra el presidente, Mauricio Macri, en la oficina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en el marco del escándalo que generó la filtración de los Papeles de Panamá.

De acuerdo a Barcesat los Papeles de Panamá ameritan investigación por las hipótesis de evasión fiscal agravada para eludir el pago de impuestos y lavado de dinero proveniente de actos ilícitos. “Nadie constituye una sociedad offshore que no sea para un objetivo ilícito”.

El jurista sostuvo que Tiene que haber una explicación ante la Justicia. Quien tiene plena conciencia de que no ha incurrido en ninguna actividad ilícita lo que hace es una denuncia contra sí mismo para que la Justicia le dé un certificado de buena salud institucional, agregó.

Ante las sospechas no puede dejar de investigarse el “hilo causal entre la negociación con los fondos buitres (que acordó este gobierno) y la existencia de fondos y capitales fugados de la Argentina en paraísos fiscales”.

Más aún Barcesat planteó que después de ver la resolución de la Justicia sobre esta situación se analizará si corresponde que prospere la investigación judicial y el pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados.