Las comisiones que dictaminan las leyes sobre desaparición forzada y tortura se sumaron a la exigencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que cese la campaña de desprestigio y hostigamiento en contra de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y anunciaron que se invitó a estos últimos a que participen en la elaboración de los dictámenes de ambas reformas.

La invitación la formularon también al relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, a quien el gobierno mexicano le ha negado una nueva visita oficial al país.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Derechos Humanos, la panista Laura Angélica Rojas y la perredista Angélica de la Peña, respectivamente, advirtieron que ‘‘se equivoca’’ la administración de Enrique Peña Nieto al pretender cerrar el caso Iguala, y advirtieron que el sello del gobierno ha sido ‘‘la descalificación y el desencuentro con el GIEI, y en general con los organismos de derechos humanos’’.

Al respecto, el coordinador perredista en el Senado, Miguel Barbosa, advirtió que si obligan a los expertos a dejar la investigación sobre lo acontecido en Iguala en septiembre del 2014, habrá reacciones muy negativas a escala internacional.

‘‘Es un error de cálculo pretender que con la salida de los expertos de la CIDH podrán mantener su ‘verdad histórica’, comentó Barbosa, mientras que el también perredista Alejandro Encinas recalcó que el gobierno federal trata a toda costa de evitar que se finquen responsabilidades a militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.

La senadora Rojas resaltó que hay un endurecimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto, al cerrarse al escrutinio de organismos internacionales y rechazar la presencia en México de los relatores de Naciones Unidas en materia de tortura y de defensores de derechos humanos.

‘‘Hay una regresión del gobierno del PRI, que rechaza abrirse al escrutinio internacional y quiere esconder bajo el tapete lo que está mal en el país. A toda costa quiere evitar que se sepa en el mundo que en México vivimos una crisis de instituciones, no sólo en el tema de derechos humanos, sino también en el de corrupción’’, insistió la legisladora panista.