o sería aventurado pronosticar que el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala pasará a formar parte de los expedientes irresolubles. La percepción sobre esta tragedia es que un grupo de organizaciones sociales y los padres de los 43 pugnan por el descubrimiento de la verdad y el castigo a los culpables, en tanto el sector gubernamental va con todo por que no se logre.

El Estado mexicano aceptó la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) más como un recurso para contener la indignación nacional e internacional que para llegar al fondo del asunto.

No es concebible que el gobierno de la República no pudiera resolverlo; en realidad, permitir la operación del GIEI tuvo como finalidad calmar los ánimos, lo cual se logró y dio margen de maniobra.

La verdad histórica a la que llegó la Procuraduría General de la República (PGR) al dictaminar que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, era la solución ideal para dejar todo como estaba; así quedaría resuelto el caso, toda vez que los presuntos culpables, los más de 100 que confesaron, ya están presos y no quedaba más que seguir el proceso jurídico.

Las investigaciones y conclusiones presentadas a la PGR por el GIEI no han tenido seguimiento convincente y, por tanto, no se han observado avances.

El empecinamiento de la PGR en un tercer peritaje y el madruguete que dio para anunciar que hubo un incendio controlado y 17 jóvenes murieron ahí, rompiendo acuerdos con el GIEI, la llevó exactamente adonde quería: a la verdad histórica urdida por Jesús Murillo Karam.

La confirmación del anterior peritaje, que determinó que los estudiantes no murieron ahí, hubiera puesto al gobierno en ridículo al echar por tierra nuevamente su versión y lo hubiera obligado a redirigir las investigaciones.

Por todo ello, el anuncio del GIEI de retirarse de las investigaciones debió crear en el gobierno un profundo regocijo, pues la piedra en el zapato está por desaparecer y la irritación social ha menguado.