o que hace el gobierno federal con el caso Ayotzinapa lo hace también, pero peor, el gobierno de César Duarte con las desapariciones forzadas en Chihuahua. Cuando menos Peña Nieto ha reconocido la desaparición de los 43. Pero el Ejecutivo chihuahuense ni siquiera reconoce que en la entidad se cuentan ya más de mil 663 personas desaparecidas, el quinto lugar nacional, con una tasa de 42.12 por cada cien mil habitantes. Desaparece a los ya desaparecidos.

Desde hace tiempo, el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) ha venido documentando y denunciando el hecho, al punto de que para Amnistía Internacional hay dos casos emblemáticos de las desapariciones forzadas en México: el de Ayotzinapa y las 355 personas desaparecidas en Ciudad Cuauhtémoc, en este estado norteño. En esta localidad, la gran mayoría de los desa-parecidos son jóvenes y, si se considera la tasa relativa de desapariciones, la cifra es espantosa: 212 por cada cien mil habitantes. Desde 2011 se encontraron en este municipio y otros aledaños tres fosas clandestinas con millares de fragmentos óseos humanos calcinados. Desde entonces los familiares de las víctimas y quienes los acompañan empezaron a demandar justicia y peritajes científicos para determinar la identidad de los restos encontrados, antes que se extingan o sea imposible procesar la información genética.

El gobierno de Duarte, sus aliados y sus corifeos sistemáticamente niegan el hecho. A quienes denuncian y acompañan a las víctimas se les ataca con las manidas acusaciones de que quieren lucrar con el dolor de las familias, o de que detrás de ellos están intereses políticos o económicos. Han llegado más allá: acusan al Cedehm de que por estas acusaciones se daña la imagen pacífica y progresista de Ciudad Cuauhtémoc y se ahuyentan las inversiones.

Sin embargo, la perseverancia de las familias de las personas desaparecidas y de las y los defensores que las acompañan no ha sido vencida por estas falsas acusaciones. Han acudido a las instancias nacionales e internacionales y no han dejado de demandar que actúen las diversas instancias estatales y federales. Gracias a esto, desde fines de 2014 lograron acuerdos con el gobernador y con la Fiscalía General del Estado para contratar los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para examinar los restos de las tres fosas clandestinas.

La Fiscalía General del Estado y el EAAF intercambiaron propuestas de contratos por más de un año, sin que se pudiera llegar a la concertación de las condiciones de participación debido a las restricciones de la fiscalía sobre el trabajo de las expertas, tales como: la imposibilidad de acceder a los expedientes, la libre selección de muestras a procesar y la prohibición de transmitir resultados a las familias y a sus representantes legales. Aceptar tales condiciones iría en contra del propósito mismo de su intervención

A pesar de ello, el pasado 19 de marzo, tras una reunión con familiares de desaparecidos, representantes legales, gente de la Cedehm y el Movimiento de Mujeres, el secretario de Gobierno, Mario Trevizo, les garantizó la firma del convenio con el equipo argentino para el primero de abril. Ese día se hizo presente en Chihuahua la coordinadora del EAAF, Marcela Doretti, para la firma del convenio prometido, pero el gobierno del estado optó por la huida. El secretario de Gobierno alegó que no podría recibirla porque iba a atender a los productores agropecuarios que estaban tomando las vías del ferrocarril y les pidió que acudieran a la fiscalía, pero en ésta ni siquiera se dieron por enterados y nadie quiso recibir a Marcela Doretti ni a las familias de las víctimas ni a los representantes del Cedehm. Luego se supo que un día antes la fiscalía hizo llegar un correo electrónico al EAAF en el que señala: “debido al tiempo transcurrido desde que iniciamos las gestiones para establecer la posibilidad de concretar la formalización de un contrato, el gobierno del estado tuvo la necesidad de recurrir a otra instancia de apoyo para la realización de los trabajos en cuestión “.

Lo que el gobierno de César Duarte quiere obstaculizar a toda costa es que se sepa la verdad oculta en los restos de las fosas. Pretende esconder lo que el Cedehm ha documentado: que hay múltiples fallas, ausencia de protocolos, de bases de datos genéticas, insuficiencia de agentes del Ministerio Público que realicen labores de investigación (uno para 355 casos), nula labor de inteligencia y de coordinación de autoridades, etcétera. En fin, toda la incompetencia e inercia que Amnistía Internacional atribuye al gobierno en su informe sobre desapariciones forzadas de enero pasado.

Tanta incompetencia, tanta negligencia no son casuales. En el estado de Chihuahua, como en todo el país, hay complicidad de los diversos órdenes de gobierno con el crimen organizado: pactos con los cárteles para que controlen porciones completas del territorio; política de ni los veo ni los oigo ante la oleada creciente de personas desplazadas de sus lugares de origen por los narcotraficantes; ante el reclutamiento forzoso de jóvenes serranos como sicarios; pago de cuotas de las mineras a los criminales con tal de que las dejen extraer la riqueza nacional en relativa paz. En este contexto de colusión se explican las desapariciones forzadas, como el artificio para no calentar las plazas. Las ejecuciones alarman a la opinión pública y no pueden disimularse; las desapariciones forzadas se pueden reducir al ámbito de la tragedia familiar, cuando mucho.

El gobierno del estado de Chihuahua ni siquiera se ha preocupado por construir una verdad histórica en relación con las desapariciones forzadas. Simplemente no le interesa ningún tipo de verdad.