Los relatores de derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron este miércoles al gobierno mexicano que contrarreste la campaña de ‘‘desprestigio’’ contra el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

‘‘Varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso (...) Iguala, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones’’, denunciaron los relatores en una carta difundida en México.

El gobierno mexicano ‘‘debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso’’, manifestó el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión, Maina Kiai.

El GIEI fue formado por un acuerdo entre el Estado mexicano, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH para tratar de descubrir qué ocurrió con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que, la noche del 26 de septiembre de 2014, fueron atacados por policías y luego entregados a narcotraficantes.

El grupo de expertos ha puesto en duda la llamada ‘‘versión histórica’’ de los hechos emitida por la procuraduría, la cual asegura que los estudiantes fueron asesinados por los narcos y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula porque, supuestamente, entre los jóvenes había miembros de un grupo rival.

En la carta, el relator especial de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Michel Forst, y David Kaye, relator sobre libertad de opinión, expresaron también su preocupación de que en el último mes una ‘‘ola de críticas’’ en medios mexicanos contra los defensores esté ‘‘empeorando el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en el país’’.

El secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, fue denunciado en marzo por un activista (José Antonio Ortega Sánchez) por supuesto fraude en la gestión de los recursos que el gobierno pagó al organismo por el grupo de expertos, pero el pasado martes la procuraduría consideró improcedente la denuncia por falta de pruebas.

La CIDH denunció el 29 de marzo una ‘‘campaña de desprestigio’’ en contra del grupo de expertos, y el propio Álvarez Icaza dijo que, de proceder la averiguación previa en su contra, sería ‘‘un claro mensaje del regreso al México autoritario’’.