unos días de las elecciones generales del 10 de abril, cuando se renovarán el presidente, los 130 diputados del Congreso unicameral y los cinco representantes peruanos en el Parlamento Andino, los electores se encuentran irritados y desorientados.

Nacidas bajo una mala estrella, hijas de una nueva ley electoral imperfecta y aprobada de última hora, las actuales elecciones han visto disminuir los candidatos a la presidencia de 19 a 10 en el mes pasado, ya sea por renuncia voluntaria o por exclusión legal.

No es casual que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, haya tildado las inminentes elecciones de semidemocráticas, suscitando las resentidas protestas de los organizadores.

Es cierto que el árbitro principal del proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), excluyendo por faltas menores con una burda interpretación de la ley a dos candidatos quienes, juntos, acaparaban casi un tercio de las preferencias, ha provocado una verdadera zozobra social. Una inconformidad exacerbada por el hecho de que las mismas instancias –el propio JNE y el Jurado Electoral de Lima Centro– han decidido no aplicar la misma medida a otros candidatos punteros que habían incurrido en idénticas infracciones.

Es el caso de Keiko Fujimori, la hija del ex presidente encarcelado que está purgando una pena de 25 años por los crímenes –matanzas, latrocinios millonarios, graves violaciones a los derechos humanos– cometidos durante su presidencia dictatorial (1990-2000).

Keiko, quien distribuye impunemente dinero a los electores y representa a los ojos de muchos peruanos el regreso a uno de los regímenes más autoritarios y corruptos del pasado, cataliza sin embargo un tercio de las preferencias electorales, lo que denuncia una polarización social ya imborrable. Catalogado como el sexto gobierno más depredador de la historia moderna, el régimen de Alberto Fujimori, en el cual su hija Keiko cubrió el rol de primera dama, es recordado míticamente por las clases más humildes como el que derrotó al terrorismo, benefició a los pobres con vastas redes clientelares y robó, pero hizo obras.

A pesar de encabezar todas las encuestas y de liderar el mayor partido en el Congreso, luego de la descomposición del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, la hija del dictador es objeto al mismo tiempo del mayor rechazo, como se ha visibilizado el martes 5 de abril con multitudinarias manifestaciones que coreaban ¡No a Keiko!, y recordaban el 24 aniversario del autogolpe liberticida perpetrado en 1992 por su progenitor.

Mientras Keiko Fujimori (40 años) cierra su campaña protegida por barreras policiales y el antifujimorismo reavivado crece geométricamente, se hace más y más probable una segunda vuelta, para celebrarse el 5 de junio, entre ella y Verónika Mendoza, joven y combativa diputada de 35 años, candidata del Frente Amplio, la coalición de izquierda.

Vero, como la llaman sus simpatizantes, interpreta muy bien la insatisfacción de la mayoría de los electores en relación con el modelo económico actual y la necesidad de renovación en la política: promete una reactivación del agro, la soberanía recuperada sobre los recursos energéticos, un coto a la minería depredadora y un auge de la justicia social. Capitalizando el descontento provocado por la presidencia de Ollanta Humala, quien fue elegido por la izquierda y gobernó sin reparos para la derecha, en una segunda vuelta Verónika Mendoza tiene todas las de conquistar la presidencia, protagonizando un duelo entre mujeres que el sociólogo Nelson Manrique ha definido un hecho histórico.

Los otros candidatos a dirigir el país los próximos cinco años, entre los cuales se encuentran dos ex presidentes –Alan García y Alejandro Toledo– sin ninguna posibilidad, son parte del sistema y representan la continuidad neoliberal, pese a las promesas demagógicas hechas a lo largo de una campaña a base de dádivas y acarreos.

Terminados los años de un crecimiento chino y de una repartición sin equidad, la sociedad peruana, decepcionada por la gran transformación prometida por Humala y nunca cumplida, se encuentra convulsionada por los conflictos provocados por las industrias extractivas, la crisis económica y ambiental asociada a la falta de empleos y una creciente inseguridad. La infiltración del narcotráfico en la política, aunque no a niveles mexicanos, es tangible y no encuentra barreras en unas instituciones debilitadas y corrompidas por una década de fujimorismo y menos en unos partidos políticos sin ninguna ideología, tanto que han sido definidos como vientres de alquiler.

En el álgido clima de estos días, con los simpatizantes de Keiko, que agreden y tachan de terroristas a quienes se manifiestan en contra de su candidata, se reavivan añejas contradicciones: costa vs sierra, mineros vs antimineros, antifujimoristas vs antizquierdistas.

Mientras los más agudos comentaristas nacionales han denunciado lo que aparece como un fraude anticipado, un alto prelado, el arzobispo de Arequipa, Javier del Río, ha declarado que los electores que votarán por los únicos candidatos de centro y de izquierda –Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza– cometerán pecado mortal.

*Periodista italiano