an Luis Potosí atestigua un nuevo conflicto socioambiental generado por la intención de una empresa de instalar un confinamiento de residuos tóxicos procedentes de la minería, en una zona que nada tiene que ver con la generación de esa basura industrial.
La negociación denominada Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV (Citsu) es propiedad de José Cerrillo Chowell, hombre de negocios sobre quien recaen numerosas acusaciones de responsabilidad en el daño a los derechos de sus trabajadores y al ambiente de los sitios donde se encuentran sus empresas mineras. Cerrillo también es accionista en casas de cambio, inversionista en diversos rubros y ha sido dirigente de la Cámara de Mineros Mexicanos.
En agosto de 2012 la empresa solicitó el cambio de uso de suelo al ayuntamiento de Santo Domingo. Los permisos que supuestamente le fueron otorgados son irregulares: no obran en el libro de actas de cabildo; el síndico y una regidora, cuando menos, desconocen las firmas que ahí se consignan. Esos permisos son inválidos administrativamente, pero además se presume en ellos la comisión de delitos como falsificación de firmas, usurpación de funciones y cohecho. Y es sólo el comienzo de la historia.
Con ello, Citsu acudió a Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a buscar los permisos federales. En un primer momento la secretaría formuló observaciones a la manifestación de impacto ambiental, que la empresa no corrigió y aun así le concedieron la autorización. El proyecto se depositó para consulta en las oficinas de la Ciudad de México, muy lejos del Altiplano potosino. La publicación del proyecto se hizo en un periódico que no circula en el municipio de Santo Domingo.
Aunque el Citsu solicitaba permiso para 20 hectáreas, le concedieron de oficio 600, donde se supone que confinará 185 mil toneladas de residuos industriales de cianuro, cadmio y mercurio, a saber. Esos metales están asociados a la mayoría de los padecimientos de cáncer y a otros efectos igualmente nocivos a la salud de las personas y otras afectaciones posibles a especies vegetales y animales endémicas. En el territorio en conflicto las personas se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería. Se trata de una región empobrecida que carece de algunos servicios públicos.
Desde octubre de 2015 se constituyó el Comité en Defensa del Territorio de Santo Domingo, con representantes ejidales y comunitarios, para oponerse a la instalación del confinamiento, principalmente porque consideran una injusticia que depositen en los territorios donde desarrollan sus actividades cotidianas la basura industrial que se genera en otras latitudes; que el traslado aumenta el riesgo de accidentes, que se expone innecesariamente a núcleos poblacionales. Miembros del comité han denunciado que diversos operadores políticos a nombre de la empresa intentaron sobornarlos para que cesen su oposición, pero los activistas tienen claro que defienden su territorio, su futuro, los recursos naturales con los que subsisten y también su derecho a la consulta, a la salud, a la vida.
El comité recurrió a la asesoría de investigadores de El Colegio de San Luis, luego al acompañamiento jurídico del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la que participan estudiantes con vocación y compromiso, y así comenzaron la batalla legal.
El 22 de febrero interpusieron una demanda de amparo contra las autorizaciones administrativas ilegales, además de denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y ante la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, sin mucho eco. La demanda de derechos humanos recayó en el juzgado sexto de distrito que no ha notificado en más de un mes a las autoridades responsables, como la Semarnat o el ayuntamiento de Santo Domingo, retardando con ello el desahogo de la audiencia incidental por la suspensión provisional y constitucional.
La Secretaría del Medio Ambiente de San Luis Potosí se comprometió a coadyuvar con la comunidad afectada, pero en tribunales litiga en su contra.
El proyecto Palula es abiertamente repudiado por las comunidades del Altiplano potosino; el pueblo wixarika se ha pronunciado en contra, en tanto que compromete la zona de tránsito para sus peregrinaciones anuales. La diócesis de Matehuala ha sido un apoyo valioso del comité opositor desde el comienzo, principalmente a través de los párrocos de Charcas, Matehuala y Santo Domingo.
La actuación irregular de la empresa y la complicidad de las autoridades pueden provocar una enorme afectación ambiental y están violando derechos humanos de los pueblos en San Luis Potosí y Zacatecas. Aunque el proyecto Palula está en un rancho privado, no puede colocarse encima de los derechos humanos.
El conflicto es una expresión cruenta del capitalismo actual; empresas y gobiernos anteponen el lucro y el interés privado al bienestar de las comunidades, desconocen por completo, desde una visión formalista de la ley, que la naturaleza tiene derechos. No hace mucho que el ambientalista Víctor Toledo dijo en territorio potosino que en estos casos la batalla final es por la vida.
* Coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Twitter: @GuillerLuevano
