Brasilia.

“Según mi análisis, la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República (Dilma Rousseff) constituyeron grave desvío de sus deberes, con perjuicios para los intereses de la nación y con la ruptura de la confianza que le fue depositada. Tales actos justifican la apertura del excepcional mecanismo del impeachment”, concluyó este miércoles el diputado brasileño Jovair Arantes, relator de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza el pedido de apertura de juicio político contra la gobernante.

En un nuevo capítulo de la grave crisis política que golpea a la principal economía de América Latina, Arantes argumentó que basó su dictamen en la existencia de indicios de que fueron practicadas maniobras contables por el gobierno de Rousseff en 2014 y 2015, las llamadas ruedas fiscales, y también en la apertura de créditos adicionales por medio de decretos sin autorización del Congreso.

Concluimos que están presentes los requisitos mínimos para la admisibilidad de la denuncia, resaltó Arantes, del Partido Laborista Brasileño, en el documento de casi 130 páginas en el que fundamentó su veredicto contra la presidenta.

Los autores de la petición de impeachment la acusan de haber violado la ley de responsabilidad fiscal al atrasar la transferencia de fondos a los bancos públicos para que éstos pagaran a los beneficiarios de los programas sociales.

Como los bancos cumplieron con los pagos, se configura una especie de préstamo al gobierno, lo que está prohibido por ley.

Otra irregularidad que acusan los opositores de derecha es haber ampliado por decreto líneas de crédito a espaldas del Congreso, y haberlo hecho aun sabiendo que la meta fiscal prevista en la ley de presupuesto no podría ser cumplida.

Arantes aclaró que no es competencia suya juzgar si la presidenta cometió o no delito de responsabilidad, puesto que de ello se encargará el Senado.

No obstante, dijo que considera que la denuncia realizada por los juristas cumple todas las condiciones jurídicas y políticas para ser aceptada.

Las conductas de la denunciada violan exactamente la misión constitucional del Poder Legislativo (y constituyen) grave ruptura del fundamental principio constitucional de separación de poderes, apuntó.

Además, ponen en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas y la salud financiera del país, con perjuicios irreparables para la economía y para los derechos más fundamentales de los ciudadanos brasileños.

El legislador dejó abierta en su alegato la posibilidad de que en las próximas etapas del proceso se profundicen las investigaciones sobre el presunto delito de improbidad que, según los juristas autores de la petición, cometió Rousseff en su calidad de presidenta del consejo de administración de Petrobras, cargo que ejerció entre 2003 y 2010.

El delito se configura, según la denuncia, en no percibir, y si percibió, en no impedir, que operara en el seno de la empresa la colosal trama de corrupción que fue revelada en 2014 como parte de la Operación Lavado Rápido de la Policía Federal.

“Los hechos denunciados son extremadamente graves y relevantes, sobre todo si se consideran los desdoblamientos de Lavado Rápido y el surgimiento de nuevos hechos, después de que fue presentada la denuncia que ahora es analizada”, expresó Arantes.

El pueblo brasileño exige y merece una respuesta, subrayó. Y esa respuesta solamente puede ser dada en el juicio de la presidenta en el Senado, añadió.

El veredicto del relator será sometido a análisis de los otros 64 integrantes de la Comisión Especial, que votarán el próximo lunes y, según lo previsto, sí apoyarán la recomendación de que el proceso prosiga.

El resultado de esa votación será luego sometido al pleno de la cámara baja, donde se necesitan 342 votos, de un total de 513 diputados, para que pase al Senado, que es el organismo que, de acogerlo, llevará a la práctica el juicio. Entonces Rousseff sería separada del cargo por un máximo de seis meses, en espera del veredicto final, y sería remplazada entonces hasta el fin de su mandato, en 2018, por su vicepresidente Michel Temer, contra quien el Supremo Tribunal Federal (STF) pidió también un proceso de impeachment por las mismas acusaciones que enfrenta la gobernante.

Rousseff, con una popularidad al mínimo, recurrió a su predecesor y mentor Luiz Inacio Lula da Silva para motivar a su electorado tradicional, desmovilizado por una recesión económica que se está convirtiendo en la peor en casi un siglo y por el megaescándalo de corrupción en Petrobras. El pueblo fue a la calle y vamos a proteger el mandato de Dilma, dijo esta semana Lula en un acto en Sao Bernardo do Campo, en la región paulista, donde surgió como líder sindical en los años de la dictadura (1964-1985).

El cantante y compositor brasileño Chico Buarque y el teólogo Leonardo Boff, junto a otras figuras del mundo de la cultura, convocaron a un acto el lunes próximo en Río de Janeiro para denunciar el golpe blanco que a su juicio representaría la destitución de Rousseff.

La Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria, representante del próspero sector del agronegocio, se pronunció en cambio a favor del impeachment, con el argumento de que Rousseff ya no tiene autoridad para liderar el proceso de reformas ni la capacidad de unir a los brasileños. Otras poderosas centrales patronales, como la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, también han pedido la salida de la jefa de Estado.

Lula fue nombrado el mes pasado jefe de gabinete de Rousseff, pero su asunción fue bloqueada por sospechas de que se trataba de una argucia para librarlo de la justicia ordinaria, que investiga su presunta implicación en el escándalo de la petrolera estatal.

El STF debe zanjar su caso la próxima semana.

Pero incluso sin ocupar formalmente un cargo ministerial, Lula es el motor de las negociaciones para reforzar la base aliada y salvar el mandato de Rousseff.

Su acción se centra en los partidos menores de la heterogénea coalición, deseosos de ocupar los espacios dejados vacantes por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, de Temer, tanto en el gabinete como en mayores administraciones de este gigantesco país de 200 millones de habitantes.

Uno de esos partidos, el PP (51 diputados), no esconde que negocia su apoyo a un alto precio: ministerios de prestigio, con grandes presupuestos, como el de Salud o Educación.

Las negociaciones y los cálculos resultan difíciles en un Congreso que cuenta con una treintena de bancadas partidarias, muchas de ellas divididas sobre la cuestión del juicio de destitución.

“Es muy difícil prever un resultado... Durante el impeachment de (Fernando) Collor, la historia cuenta que varios diputados cambiaron de idea mientras estaban en la fila para votar”, admitió la semana pasada en una entrevista con Afp el diputado Rogerio Rosso, presidente de la comisión de impeachment, al referirse a la destitución de ese mandatario en 1992.