Por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en audiencia a organizaciones civiles antitabaco, que solicitaron se recomiende a los gobiernos adoptar políticas de control de este producto y no permitir la intromisión de la industria, la cual ha llegado al extremo de presentar demandas internacionales en contra de los gobiernos, a fin de evitar restricciones a la venta de sus mercancías.

Al término de la sesión en Washington, Estados Unidos, activistas integrantes de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, Acción sobre Tabaquismo y Salud y el Instituto O’Neill por la Ley Nacional y la Salud Global, comentaron que los miembros de la CIDH fueron receptivos a sus peticiones y al planteamiento de la violación de derechos humanos que se comete en los países donde no hay o son limitadas las estrategias para abatir la adicción.

Señalaron que el objetivo de la cita es fortalecer la lucha contra el tabaco y, en específico, para señalar a las empresas tabacaleras que obstaculizan el ejercicio del derecho a la salud.

A escala mundial se registran 6 millones de muertes anuales por enfermedades asociadas al hábito de fumar. De esos decesos, 80 por ciento ocurre en países de medianos y bajos ingresos. Sólo en América Latina, señalaron, los gobiernos destinan más de 33 mil millones de dólares cada año para la atención de los padecimientos. Aparte están los costos por discapacidad y pérdida de productividad laboral, añadieron.

Los activistas resaltaron ante los miembros de la CIDH que los países destinan hasta 2 por ciento de su producto interno bruto para enfrentar las consecuencias del consumo de tabaco.

Durante la audiencia, los activistas también entregaron una carta suscrita por más de 130 organizaciones civiles y coaliciones del mundo, en la que respaldan las peticiones a la CIDH. Entre los firmantes están 90 agrupaciones latinoamericanas, que respaldaron la solicitud al organismo internacional para que recomiende a naciones que se sumen y cumplan el convenio marco para el control del tabaco, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que ha sido ratificada por 180 países. También plantearon que se debe reconocer a la industria tabacalera como una corporación que obstaculiza el ejercicio del derecho a la salud.