Los grupos parlamentarios de PAN, Morena y Movimiento Ciudadano (MC) en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados plantearon que si se quiere votar el dictamen de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, para regular las solicitudes de suspensión de garantías, se cumpla con el reglamento y se haga en conjunto con la de Gobernación.

Esta última aprobó el dictamen la semana anterior por separado, en contradicción con lo que señala el reglamento cuando se trata de dictámenes turnados a comisiones unidas, ya que la mesa directiva envió la minuta del Senado a ambas.

En la reunión de ayer, las bancadas sólo presentaron sus posturas sobre la ley, como citó la semana pasada la presidencia de la comisión.

La diputada María Candelaria Ochoa (MC) consideró que no es el momento político adecuado para legislar en la materia, cuando las violaciones a los derechos humanos son práctica común en el país.

Dijo que si PRI, PAN y PVEM están interesados en que se respeten los derechos humanos, por qué no han querido aprobar la leyes de víctimas y de desaparición forzada, que están congeladas en el Senado.

Este país no está en condiciones de legislar para limitar las garantías de nadie. Además, no estamos en guerra y, por tanto, se puede tomar como un desorden público cualquier acto que se considere un atentado contra la seguridad del Estado, mientras todos los días el Ejército, las policías, el propio Presidente violan los derechos humanos.

El diputado Roberto Cañedo (Morena) consideró que un decreto de suspensión de garantías o de estado de excepción podría limitar libertades como las de asociación, reunión, movimiento, huelga e incluso la de expresión, así como la del derecho a la información y a la privacidad.

Señaló que la propuesta constituye un riesgo, porque de imponerse la ley, se violentaría el derecho a la privacidad, y eso implica la intervención de llamadas telefónicas, de mensajes por Internet, la violación del correo sin necesidad de orden judicial y la intrusión a domicilios particulares sin orden de cateo.

Dijo que también debe ser un llamado de atención para los sindicatos y organizaciones civiles, porque una suspensión de garantías o declaración de estado de excepción implicaría que cualquier reunión pública de más de tres personas pueda ser declarada ilegal.

Insistió en que la Cámara debe convocar a foros de opinión sobre la ley reglamentaria, en la que participen expertos en defensa de derechos humanos, organismos no gubernamentales y la sociedad.