o concuerdo con quienes caracterizan lo que sucede en Brasil como un golpe de Estado. La clase política brasileña se ha acostumbrado a la corrupción, al grado de normalizarla. Por eso cualquier acusación aparece como si tuviera un móvil político. Como la corrupción es la regla y no la excepción, si el acusado es de derecha, la acusación beneficia a la izquierda, y si el acusado es de la izquierda, beneficia a la derecha. La politización de las acusaciones de corrupción es un efecto de la normalización de las prácticas corruptas.

Como el Partido de los Trabajadores lleva años en el poder, debe asumir su parte de responsabilidad en aquella normalidad. El PT tuvo oportunidad de encarar la corrupción y no lo hizo. Es verdad que no ha inventado el problema, pero comparte responsabilidad. Aunque no haya motivo para que Dilma dimita, quienes se hayan coludido con las corruptelas de Petrobras y de Odebrecht deben ser investigados, y condenados si son culpables. Más allá de la persecusión de culpables, importará que se investiguen, discutan y remedien los aspectos sistémicos de la corrupción brasileña.

Con todo, pese al hedor de la cloaca que ha resultado haber en la política de ese país, Brasil sigue aventajando a México en el plano de la justicia. Allá sí persiguen a empresarios y políticos corruptos, y el juez que investiga la corrupción de Petrobras y Odebrecht no es un subordinado del presidente de la República. Brasil aventaja a México porque el Marcelo Odebrecht está en la cárcel, mientras en México ningún empresario de peso ha sido sometido a una investigación seria. Brasil aventaja porque allá un juez independiente investiga a Lula y a Dilma, mientras en México el Presidente nombra personalmente a quien lo investigará. Aventaja, porque allá los diputados y senadores de la oposición también están siendo investigados, y porque Petrobras también.

La clase política mexicana y su empresariado no merecen mejor trato que lo brasileños.

Como botón de muestra está el interminable caso del Juan Armando Hinojosa Cantú y el Grupo Higa. Desde que se filtraron hace días los datos de las cuentas en la firma Mossack Fonseca de Panamá, se han suscitado declaraciones defendiendo a los cuentahabientes con el argumento de que tener depósitos en asilos fiscales es legal. Ciro Gómez Leyva defiende la presunción de inocencia de Hinojosa Cantú. Sergio Sarmiento insiste en la legalidad de las transacciones en Panamá. Y tiene razón. Como dice Aristóteles Núñez, director del Servicio de Administración Tributaria, abrir cuentas en paraísos fiscales es legal.

De ahí, precisamente, mana el escándalo. Así, el Financial Times –que no es precisamente Granma, ni el órgano informativo de las FARC– informa que el paraíso fiscal panameño es el centro financiero más importante que se resiste a la iniciativa global de transparencia de la OCDE, y que, junto a Bahrein, Vanuatu y Anuru, Panamá ha hecho de lado las reglas [de la OCDE], que mandan que la información acerca de los impuestos pagados se intercambie automáticamente.

Si un millonario decide poner su plata en Panamá y no en otra parte es probable que sea porque allí será difícil investigar si pagó o no impuestos. Es por esto que está por renunciar el primer ministro de Islandia: el hecho de haber depositado dinero en Panamá sugiere que tenía riqueza que ocultar.

Juan Armando Hinojosa Cantú tiene 100 millones de dólares en cuentas de Mossack Fonseca. Se trata del ejecutivo del mismo Grupo Higa que había sido investigado por Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, para decidir si hubo o no conflicto de intereses o corrupción en el caso de la Casa Blanca y de la casa de Malinalco del secretario Videgaray. ¿Tiene Hinojosa algo que ocultar al fisco?

Ayer, la revista SinEmbargo publicó un reportaje sobre el Grupo Higa, donde muestra que durante 2014 Higa recibió contratos por más de 855 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El problema estriba en que, según la Secretaría de Función Pública, Higa recibió 744 millones de pesos en contratos de todo el gobierno federal (incluida la SCT), y eso en un lapso de dos años y medio que comprende la totalidad de 2014.

Si las cifras de SinEmbargo son correctas, en un solo año y en una sola secretaría (la SCT), Higa cobró 111 millones de pesos más de lo que, según la Secretaría de Función Pública, le habría cobrado al gobierno federal entero, y en un lapso un año y medio mayor. Si la documentación presentada por SinEmbargo es verídica, significaría que la investigación que ordenó el Presidente al secretario de la Función Pública encubrió a Higa, y que una porción importante de sus contratos e ingresos no fue investigada.

Hay también detalles menores que resultan interesantes del reportaje de SinEmbargo. El señor Hinojosa Cantú depositó sus 100 millones de dólares en Panamá poco después de la controversia sobre la Casa Blanca, cosa que, aunada al descuadre entre los ingresos de la compañía reconocidos por la Función Pública y los que muestra SinEmbargo, ameritaría de por sí una investigación del SAT. Otro detallito –que de suyo no implica corrupción, pero sí parece sintomático de un espíritu de derroche en la cultura política mexiquense–: Higa realizó contratos millonarios con la SCT para transportar políticos en taxis aéreos, en muchos casos para las élites políticas del estado de México.

Los papeles de Panamá tienen implicaciones diferentes en distintas partes del mundo. Embarran igual a Putin, a la boliburguesía venezolana y al primer ministro de Islandia, pero sólo éste está por caer por el escándalo. En cuanto a México, los Panamá papers muestran que la clase empresarial y política no ha sido sujetada a controles fiscales fuertes. No sabemos si los empresarios pagan los impuestos que deben. No hay un fiscal independiente que investigue la colusión entre el empresariado y la política. Y, desgraciadamente, a falta de mecanismos judiciales imparciales, queda todo en manos de la opinión…

Ante el escándalo interminable del Grupo Higa, valdría la pena que México hiciera un esfuerzo supremo por alcanzar a Brasil. Hoy hay que pensar seriamente en un sistema de procuración de justicia independiente y eficaz, capaz de investigar y perseguir la colusión entre empresa y gobierno, caiga quien caiga.