o hay palabras para de­finir las más recientes acciones del Es­tado mexicano en relación con el Grupo In­terdisciplinario de Expertos Inde­pendientes (GIEI) y, por ende, con el caso Ayotzinapa, y, a la vez, rechazar el informe de la CIDH sobre la grave crisis de derechos humanos en nuestro país.

Esta semana se juntarán ambos extremos en el espacio interamericano con el telón de fondo del paradigma de derechos humanos que en 2011 se incorporó a la Constitución para fortalecer en el plano interno las normativas internacionales. El jueves 7 se realizará una audiencia solicitada por México, muy probablemente para reiterar su rechazo al informe recibido. Previamente se realizarán intercambios urgentes entre la CIDH y el gobierno para abordar y definir posturas en torno al destino de la investigación sobre la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Para hablar claro, porque es lo que está en juego en la estrategia de patear el tablero respecto de la asistencia técnica del GIEI.

Cabe sospechar que tal estrategia existe: el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, anunció que se otorgará la reparación del daño a las víctimas directas o indirectas del caso Ayotzinapa a partir de un diagnóstico de impacto sicosocial en el cual, deslizó, participarían el Centro Pro de Derechos Humanos y una institución académica, sin referir su nombre, lo cual obligó a los padres de los estudiantes a deslindarse frente a tal medida. En paralelo, la Procuraduría General de la República (PGR) integró una averiguación previa contra el secretario ejecutivo de la CIDH, a raíz de una acusación por fraude de una organización proclive al trabajo sucio, pues, a su juicio, la persona acusada, de nacionalidad mexicana y amplia trayectoria en el país, Emilio Álvarez Icaza, dispuso en su favor de los recursos del gobierno aportados con motivo del acuerdo firmado el 18 de noviembre de 2014 entre la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de los jóvenes desaparecidos. Tan evidente despropósito obtuvo respuesta de la PGR para abrirle investigación al funcionario de la Comisión Interamericana. Así de claro, días después, con tono enérgico, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció a los medios que el GIEI se irá del país este mes, cuando concluya su segunda estancia de medio año. Sin importar el estado que guarden las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, les sugirió apurarse a terminar su informe. Tal postura no se comunicó a las instancias formalmente involucradas y violentó el procedimiento acordado para que la CIDH, en acuerdo con las partes, defina el fin de la cooperación técnica. Recordemos que tal anuncio fue precedido de una intensa campaña contra los integrantes del GIEI que obligó a la propia CIDH a salir en su defensa.

Y como cereza del pastel, hace cuatro días se presentó el informe de los peritos expertos en dinámicas de fuego sobre el basurero de Cocula sobre el cual se apuntan conclusiones, sin ofrecer elementos técnicos, que validan la muy funcional verdad histórica del ex procurador Murillo Karam. Sin mayor explicación, se concluyó que hubo un evento de fuego controlado, que al menos fueron quemados 17 seres humanos adultos y que para determinar si fueron 43, como señalaron los detenidos por estos hechos, se realizarán otras pruebas. De inmediato el GIEI emitió un posicionamiento, el más enérgico, en el que señala que la PGR rompió el acuerdo sobre el nuevo peritaje del basurero de Cocula, Guerrero, al asumir una decisión unilateral y romper la confidencialidad. La PGR dice que no fue unilateral porque el sobre con el informe se abrió en presencia de un integrante del grupo de expertos y ya con la presión encima ha aclarado que es un informe provisional.

Por su parte, el equipo argentino forense que resultó mencionado en el informe malicioso de los expertos en fuego, leído por uno de ellos en ausencia del resto, también fijó dura postura y lanzó preguntas técnicas que confrontan seriamente al predictamen. Los padres de los estudiantes desaparecidos definirán su postura en las próximas horas y puede ser de ruptura total con el gobierno. Mientras, el presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, en entrevista con la revista Proceso sobre la crisis de derechos humanos que sostiene la CIDH, y a propósito de la decisión anunciada por Osorio Chong, deslizó un comentario que augura que la tensión subirá, pues hay temas en la agenda que son explosivos para el ex gobernador del estado de México, hoy Presidente de la República: Es casi como decir que el Estado mexicano no se responsabiliza del caso Atenco. Al Estado no le corresponde decir eso. Es su opinión; vamos a recibirlo y la comisión va a decidir. (Jesús Esquivel, 3/4/16). ¿Así o más claro? ¿Fueron esos ecos los que llevaron a patear el tablero, como hicieron con el zapatismo en 2001? Es pregunta.