Hasta ayer, la dirección jurídica de la Cámara de Diputados no había recibido la notificación del segundo tribunal de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México por la cual se instruye al órgano legislativo constituir la Subcomisión de Examen Previo, encargada de dar cauce a los juicios políticos archivados en San Lázaro.

El 28 de marzo, el tribunal ordenó a las comisiones de Gobernación y de Justicia integrar la subcomisión, con la advertencia de si que no cumplía el ordenamiento los integrantes de ambos cuerpos legislativos incurrirían en desacato.

El plazo fijado por el segundo tribunal fue de cinco días a partir del acuse de recibido de la Cámara de Diputados.

Al consultar en la dirección jurídica, se informó a este diario que la notificación no había sido turnada por el tribunal.

Es una vergüenza

Macedonio Tamez, diputado por Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Gobernación, consideró en falta a la Cámara de Diputados, pues está obligada a poner en marcha la Subcomisión de Examen Previo.

Resulta preocupante y llega a convertirse en vergüenza que en la cámara exista un archivo de 300 solicitudes de juicio político de 12 años a la fecha. Si bien la mayoría caduca tras un año de vigencia, el pueblo de México reclama castigo a los responsables de las políticas públicas que han incurrido en violaciones a la ley y actos de corrupción.

A la fecha, el diferendo por la integración de la subcomisión citada se fundamenta en dos vertientes. En la primera, la oposición, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática reclaman que el grupo de trabajo se integre con representantes de cinco partidos políticos, excluyendo a los minoritarios Encuentro Social y Nueva Alianza, porque ambos son proclives a votar en favor de las posiciones del PRI.

En respuesta, el Revolucionario Institucional ha insistido en que la Subcomisión de Examen Previo sea integrada por representantes de todos los partidos políticos, y en segunda instancia se enfrenta el dilema para el tricolor, por un probable juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, circunstancia que el PAN y PRD reclaman, una vez que se haya juzgado a la diputada panista de Sinaloa Lucero Sánchez.