Ante las evidencias de actitudes concertadas, como impedir el acceso a información o también ordenar la intervención ministerial de oficinas de la magistrada Yolanda Pedroza por dos magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, incluido su presidente, Rigoberto Garza, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó cesar la actitud de hostigamiento y dio vista al Senado –instancia que los designó– para determinar la sanción correspondiente.

Al resolver un recurso promovido por Pedroza, los magistrados consideraron graves las actitudes de Garza y el magistrado Óskar Kalixto Sánchez, al punto de estimarlos –según el magistrado Salvador Nava– no aptos para su desempeño: ¿Qué derechos puede tutelar quien viola sistemáticamente los derechos que integran con él la colegialidad del tribunal electoral? Es gravísimo, me avergüenza y me pesa.

Según la denuncia presentada, entre las acciones concertadas de magistrados y personal de apoyo están las de colocar sellos en las oficinas de la magistrada y asegurar las instalaciones para pruebas periciales a los equipos de cómputo. Asimismo, no se le han circulado los documentos para su desempeño de magistrada, según consta en el proyecto del magistrado Pedro Penagos, aprobado unánimemente en sesion del TEPJF.

Para los magistrados federales, las conductas de Garza y Sánchez configuran una práctica de acoso laboral, discriminación, violencia de género e inequidad de sus pares.