En la recta final del periodo de sesiones en el Senado, avanzan los consensos entre los grupos políticos para aprobar la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto sobre seguridad pública, mejor conocida como la legislación del mando único policiaco.

Se lograron ya resolver los siete temas vinculados con esa reforma del Ejecutivo federal que tiene más de un año en el Senado y que será modificada para crear un esquema mixto que no se dirige a un modelo de mando único generalizado, pero tampoco implica la desaparición de todas las policías municipales.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, explicó que se trata de un modelo en el que el municipio tendrá o no su propia corporación policiaca en función de la existencia real de capacidades institucionales para prestar la función de seguridad pública.

Ello permitirá, explicó, un replanteamiento integral de las corporaciones policiacas en México, a través de un modelo de capacidades institucionales certificadas desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, tendrá corporación de policía aquel municipio o aquel estado que compruebe y acredite que tiene un cuerpo confiable, profesional, preparado y que tiene los elementos materiales y técnicos para poder llevar a cabo la función.

Agregó que dados los avances logrados, al inicio de la próxima semana, ya sobre la base de redacciones específicas, se evaluará si estamos en condiciones de llevar al pleno un dictamen.

El senador panista informó, asimismo, que hay también avances importantes para concluir el dictamen de la ley de ejecución penal, un modelo de avanzada audaz y creativo, que permitirá resolver buena parte de los problemas que tiene el sistema penitenciario, entre ellos el de la sobrepoblación.

Detalló que a propuesta suya se incluyó un artículo transitorio en esa ley, para permitir la liberación anticipada de personas sentenciadas por posesión de mariguana en los umbrales superiores a lo indicado actualmente. Con ello podrán dejar la prisión 10 mil mujeres.

Igualmente, a partir de esa ley de ejecución penal, podrán dejar la prisión miles de personas presas por delitos patrimoniales de baja cuantía, es decir, por robos o fraudes menores a 500 pesos. Esa cifra, recalcó, es lo que cuesta cada reo por día y no tiene sentido desde el punto de vista social o económico, que sigan purgando condenas hasta de cinco años.

La ley indica, precisó, un conjunto de obligaciones para las autoridades penitenciarias con el fin atender los casos denominados de los niños invisibles, es decir, pequeños que viven con sus madres en centros de reclusión.

Gil Zuarth explicó que no ha sido fácil dictaminar esa ley, que implica la restructuración del sistema penitenciario, pero están en la recta final. La próxima semana sostendrán la última reunión de trabajo con los representantes del gobierno federal y únicamente falta resolver el régimen transitorio de la puesta en marcha de la reforma, de manera concreta, las condiciones presupuestales para garantizar a corto plazo la implementación del nuevo sistema penitenciario.