El de Tlatlaya ‘‘no es caso cerrado’’, pues está pendiente un recurso de apelación que interpuso la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) contra la resolución de un juez castrense que absolvió en octubre pasado a seis militares involucrados en el asunto, amén de que tres de los seis efectivos siguen detenidos y sujetos a proceso penal por el delito de homicidio, informaron en entrevistas por separado el penalista Juan Velásquez y funcionarios de la PJM.

Velásquez, asesor legal de los militares acusados por los hechos de Tlatlaya, estado de México, donde fueron asesinados 22 civiles, dijo que el caso quedará cerrado hasta que se pronucie el Supremo Tribunal Militar (STM) sobre el recurso de apelación, mientras que las fuentes castrenses consultadas dijeron que está pendiente el cumplimiento de un amparo de la justicia federal que ordena dejar sin efecto la sentencia absolutoria a favor de seis de los militares implicados.

El pasado miércoles, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que seis militares investigados por la matanza en Tlatlaya fueron absueltos por la justicia castrense y uno más cumplió ya una sentencia de un año de prisión, por lo que el caso se encaminaría a quedar en la impunidad.

Según el centro, las sentencias del juzgado sexto militar fueron emitidas en octubre pasado por infracciones de deberes en el caso de los absueltos y por desobediencia para el culpable, pero la organización civil pudo enterarse apenas, gracias a un amparo en el que exigió que se reconozca como víctima a Clara Gómez González, sobreviviente de la matanza.

Para el abogado Juan Velásquez, las opiniones de los organismos defensores de derechos humanos que han mencionado la posibilidad de que quede impune el caso Tlatlaya son muestra clara del ‘‘desconocimiento del expediente. Hablan sin conocimiento de causa, sin conocer el contenido del expediente’’, aseguró.

El miércoles pasado, el Centro Pro dijo en un comunicado suscrito por otras organizaciones, como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Freedom House y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que ‘‘(la exculpación en el fuero militar) consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente’’.

La causa en el fuero civil contra tres de los militares implicados continúa por lo que hace al homicidio calificado. Sin embargo, los tres soldados implicados son acusados de la muerte de ocho civiles, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos corroboró que al menos 12 habían sido ejecutados extrajudicialmente.