o es más que su palabra, pues asegura que destruía las pruebas de las andanzas de guerra sucia en cuanto sus promovidos eran declarados ganadores de una elección. Y su palabra es la de un convicto, que cumple una sentencia de 10 años en una cárcel colombiana por delitos cibernéticos, y que además es testigo protegido del gobierno con sede en Bogotá.

Pero, aun así, las revelaciones del pirata informático Andrés Sepúlveda (hacker es la palabra inglesa acostumbrada), especializado en campañas electorales, aterrizan sin contratiempo en la pista política mexicana tan polarizada. Sobre todo porque esa historia sin comprobaciones embona con tiempos y circunstancias de lo sucedido en los comicios nacionales, donde el especialista de 31 años de edad dice haber actuado para hacer trampas tecnológicas en favor de determinado candidato, y porque las prácticas que menciona se siguen realizando de manera ostensible.

Para efectos locales (pues el abanico de correrías delictivas habría sido, según eso, en varios países de Latinoamérica), lo que dijo Sepúlveda a la revista Bloomberg Newsweek (entrevista que será publicada en la edición con fecha 4 del mes que ha comenzado a correr) engarza con lo que cree una parte de los mexicanos interesados en la política. Es decir, que hubo una utilización delictiva de equipos materiales y humanos para espiar a los adversarios de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales de 2012 y para deformar el sentido de la competencia partidista mediante tretas negras, el aprovechamiento de información robada a los adversarios y la exaltación o depresión de determinadas tendencias o intereses en las redes sociales para confundir y manipular a los votantes.

Según el hacker colombiano, quien estaría dando a conocer sus secretos con el propósito de que le sea reducida la estancia carcelaria, las tareas de espionaje y distorsión se realizaron en oficinas y equipo de comunicación de los candidatos Andrés Manuel López Obrador (a nombre del PRD y otros partidos) y Josefina Vázquez Mota (del PAN), pero con especial énfasis en el tabasqueño, quien por segunda ocasión consecutiva fue despojado de un triunfo electoral, y no solamente a través del sistema de tarjetas Monex y Soriana.

Sepúlveda, según sus declaraciones, habría encabezado un equipo de seis hackers, habría manejado un programa especial de depredación de redes sociales y habría formado parte del estado mayor desde las sombras que dirigía Juan José Rendón, un venezolano experto en guerras electorales sucias que ha estado relacionado durante largos años con políticos priístas y que fue mencionado con insistencia en 2012 como estratega en trampas electorales al servicio de Peña Nieto.

El precario testimonio del mencionado Sepúlveda podría ser falso o tener otras intenciones, entre ellas las de desahogar alguna rivalidad con su presunto ex jefe Rendón, pero aun así en México se ha conocido claramente ese tipo de correrías de defraudación tecnológica. En 2006, por ejemplo, Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la ahora precandidata presidencial panista, fue pieza de ayuda cibernética al cuñado Felipe Calderón, que apenas alcanzó a hacerse de una ínfima diferencia formal de votos, tan ridícula como impugnada.

En 2012 el dinosaurio priísta, deseoso de volver a Los Pinos, manejó las cartas clásicas (encuestas de opinión intencionalmente adulteradas, despilfarro de recursos tanto públicos como privados y compra abierta de votos) y contó con un batallón cibernético a la altura del momento de desarrollo tecnológico que se vivía ya en esa fecha. En 2006 las redes sociales estaban en pañales como figura influyente y decisoria (es probable que el desenlace de esos comicios no hubiera sido el mismo si se hubiese tenido la fuerza de difusión que actualmente representan Facebook, Twitter, Youtube y Periscope, por dar algunos ejemplos), pero en 2012 el peñismo desplegó los mecanismos de defensa y ataque en redes que genéricamente han sido llamados peñabots.

Los peñabots trabajan diariamente para promover buenos comentarios respecto a obras, declaraciones y posturas del gobierno federal y en especial del gran jefe Atlacomulco, y para ofender, amenazar, confundir y distraer respecto de temas que el poder central desea diluir o extinguir. Cuando una promoción colectiva trata de colocar una etiqueta como tendencia (hashtag, se le llama), los peñabots entran en cascada para provocar que el sistema de medición encuentre irregularidades que impiden acreditar la cuantía real de ese tuiteo crítico u opositor. Al frente de las estrategias digitales de Los Pinos está Alejandra Lagunes, cuyo esposo, el verde Rafael Pacchiano, fue nombrado secretario de Medio Ambiente.

De acuerdo con el reportaje firmado por Jordan Robertson, Michael Riley y Andrew Willis, en Bloomberg Newsweek, el colombiano Sepúlveda aseguró que espiaba aparatos telefónicos y cuentas en redes sociales, manejaba unas 30 mil cuentas falsas de Twitter, aportaba a los peñistas información adelantada de lo que planeaban hacer los opositores, sobre todo López Obrador, y promovía propaganda negra adjudicando una eventual devaluación del peso si el tabasqueño llegaba al poder (como el español Antonio Solá lo hizo en 2006, acusando a AMLO de ser un peligro para México). Para cerrar esta reseña se cita una de las frases del mencionado Sepúlveda, que describe la convicción manipuladora y fraudulenta de él y de quienes lo han contratado: “Me di cuenta que las personas creen más lo que dice Internet que a la realidad, descubrí que ‘tenía el poder’ de hacer creer a la gente casi cualquier cosa”.

Y, mientras el país de la tragedia cotidiana se entretiene en la discusión sobre la pertinencia o no del alargado grito de ¡Eh, puto! cuando el portero de un equipo rival despeja en un encuentro de futbol, ¡hasta el próximo lunes, con Tlatlaya como otra confirmación de la impunidad del poder militar en México!

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