Río de Janeiro.

Poco antes de las ocho de la noche de ayer se hizo un súbito y denso silencio entre los más de 70 mil manifestantes reunidos en la plaza de la Carioca, en el viejo centro de Río de Janeiro: sobre el escenario armado en medio de la multitud apareció Chico Buarque, quizá la figura más emblemática del medio artístico e intelectual brasileño. Habló en tono pausado por menos de dos minutos. Agradeció la presencia de las generaciones que no vivieron el golpe de 1964, pero conocen la historia de nuestro país y están aquí, unidos, en defensa intransigente de la democracia.

En seguida se sumó a la consigna que moviliza a los que se oponen a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff: Yo viví aquello. Otra vez, no. ¡No habrá golpe!

El acto de Río tuvo como punto máximo la participación de Chico Buarque. Pero por la mañana, otra figura reclusa –aunque de repercusión popular infinitas veces menor–, el escritor Raduan Nassar, sorprendió al pronunciarse de manera determinada en defensa del gobierno, durante un acto de artistas, intelectuales y científicos en apoyo a Dilma Rousseff, en un acto realizado en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia. Si para las grandes masas oír a Chico Buarque tiene un impacto fulgurante, para los medios intelectuales escuchar la voz del siempre callado Raduan Nassar tiene resultado semejante. De esa manera quedó cerrado el arco del segmento de las artes y la cultura en defensa de la democracia y en rechazo al golpe.

De un extremo a otro del mapa, por todo el país los actos de ayer sumaron una cantidad impresionante de manifestantes: más de 750 mil. Sólo en Brasilia se reunieron casi 200 mil personas.

Ha sido una clarísima muestra de la capacidad de los movimientos sociales que integran el Frente Brasil Popular para dejar bien claro, en las calles, que hay fuerte resistencia al golpe institucional impulsado por un complot jurídico-policiaco-mediático. La intención de los movimientos cercanos o directamente alineados al PT y al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva es presionar a los congresistas, a poco más de dos semanas para que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados vote si procede el juicio político contra la presidenta.

Brasil vive días vertiginosos. Tan pronto el principal aliado del PT en el gobierno, el PMDB, anunció el martes una ruptura exprés –en menos de tres minutos la directiva nacional del partido tomó la decisión–, empezaron a surgir las primeras fisuras en esta siempre muy fraccionada agrupación política. La orden impartida a sus afiliados, de abandonar todos los puestos en el gobierno, encontró una resistencia mayor a la esperada. Ese movimiento animó a los estrategas del gobierno, al indicar que entre el PMDB todavía hay parlamentarios dispuestos a rechazar la destitución de Rousseff cuando llegue la hora de votar en el pleno de la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, el gobierno trata de atraer a partidos menores ofreciendo los puestos que sean dejados vacantes por los militantes del PMDB que cumplan con la determinación de su dirigencia, con tal de conquistar votos en su defensa.

Además, la decisión, ayer, del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en el país, que ordena que las investigaciones contra el ex presidente Lula da Silva permanezcan –al menos por ahora– bajo su control, neutraliza el potencial peligro existente en el juzgado de primera instancia comandado por el arbitrario y mediático juez Sergio Moro.

Quizás aún más significativa que esa decisión ha sido la unánime reprimenda que los magistrados de la corte suprema impusieron, con mayor o menor contundencia, a Sergio Moro, a raíz de su actitud francamente violatoria de la ley, al difundir a los medios de comunicación, especialmente a los del Grupo Globo, punta de lanza de la campaña golpista, el contenido de las grabaciones obtenidas gracias al espionaje telefónico a Lula da Silva.

El daño, por cierto, es irreversible, pero llamó la atención que al menos tres de los diez magistrados reunidos ayer hayan criticado duramente la iniciativa de Moro, que viola leyes y reglas. No se descarta que tales recriminaciones indiquen la posibilidad de punición, en las instancias correspondientes, al mediático juez.

De aquí al 14 de abril, cuando está previsto que se vote en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre el juicio contra Rousseff, nuevas manifestaciones se realizarán en todo el país. La idea es mostrar a la opinión pública, envenenada día y noche por los medios que defienden el golpe institucional, y a los parlamentares reticentes o indecisos, que una eventual destitución de la mandataria no pasará en blancas nubes: habrá resistencia. Y si Michel Temer, el vicepresidente, asume el puesto, tendrá inmensas dificultades: su acto, considerado traición, podrá costarle bastante caro.

A su vez, los que defienden el golpe se resguardan para salir a las calles hasta el día que Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que enfrenta un juicio en el Supremo Tribunal Federal, además de ser investigado en otros seis casos de corrupción, evasión fiscal y una larga lista de delitos, determine la votación.

Más que nunca en la historia reciente del país, las calles tendrán peso específico sobre lo que pasa. Y por lo que se vio ayer, tumbar a la mandataria electa por 54 millones de brasileños no será exactamente un paseo agradable.