El presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Luis Ángel López Escutia, guardó silencio en torno a los 175 despedidos de las áreas audiencia campesina y topógrafos peritos, pues personal de la institución impidió que representantes de los medios de información se acercaran a preguntar su postura en torno al hecho.

Según versiones de algunos de los despedidos, el director de recursos humanos, Mauricio Pérez Grovas, y el oficial mayor, Jaime Díaz Morales, los engañaron y obligaron a firmar sus renuncias. Agregaron que las liquidaciones por 15 a 25 años de trabajo no fueron como lo marca la ley.

Ayer, en el contexto del Informe de labores 2015 que presentó ante los invitados reunidos en el auditorio del TSA –entre ellos la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, y el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade –un grupo de seis mujeres acorralaron a esta reportera. Prácticamente la inmovilizó en el corto espacio que había bajo una de las bocinas situadas al fondo del auditorio, con el argumento de que está en un acto protocolario y cuando está el presidente magistrado nadie se mueve.

Al concluir el acto, tampoco se le permitió salir, y al preguntarles si había alguna consigna en su contra la respuesta fue sí, la hay. Ante la insistencia de que le permitieran salir del auditorio, pues ya estaba prácticamente vacío, le señalaron el camino que debía seguir. Durante el trayecto, las mujeres siempre estuvieron al frente y a la espalda de la reportera; al cruzar la puerta de entrada, una de ellas permaneció en ella e incluso ordenó a los policías que estaban en el sitio formar una barrera para bloquear cualquier posible acercamiento con López Escutia.

En su informe –en el cual fue evidente la ausencia de representantes de organizaciones indígenas y campesinas–, el titular del TSA dijo que es necesario revisar la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios, debido a la reforma energética, la cual incluye la posibilidad de expropiar la tierra cuando se tengan indicios de yacimientos petroleros en el subsuelo.

Durante su presentación insistió en que los tribunales agrarios son la columna vertebral de la justicia agraria y fundamentales para que campesinos e indígenas accedan a ella. Antes de concluir el evento, firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública para, según explicó la titular de Sedatu, fortalecer el régimen de rendición de cuentas y evitar que funcionarios no cumplan con sus funciones.