San Cristóbal de Las Casas, Chis.

La organización civil Otros Mundos Chiapas afirmó que el gobierno de Honduras, la juez Victorina Flores y la Fiscalía General tratan al mexicano Gustavo Castro Soto como delincuente, violan todos sus derechos, como testigo y como víctima, además de que lo mantienen en permanente estado de alerta, inseguridad y vulnerabilidad judicial.

Dijo que el ambientalista ha sido y está siendo expuesto a un proceso judicial totalmente arbitrario e irregular, que viola las propias leyes hondureñas y los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de atención a víctimas.

En un comunicado agregó que el equipo de abogados de Castro Soto denunció este miércoles que han pasado 14 días sin que la justicia hondureña resuelva el recurso de habeas corpus denunciando que la alerta migratoria (de 30 días) contra el ambientalistas viola sus derechos humanos.

Abundó que la Constitución hondureña señala que estos recursos deben ser resueltos inmediatamente, por lo que esta omisión incurre en un delito de abuso de autoridad.

Tampoco se resolvió el amparo interpuesto por violación al derecho a la libertad de locomoción y se rechazó la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedía la salida de Gustavo Castro para asistir a una audiencia en Washington prevista para la primera semana de abril.

Gustavo Castro, director de Otros Mundos Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, se encuentra en calidad de testigo protegido en la embajada de México en Honduras por una alerta migratoria de 30 días, que vence el 8 de abril, luego de que el 3 de marzo fue víctima de un atentado en el que resultó asesinada la dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas, Bertha Cáceres, en La Esperanza, departamento de Intibucá.