Representantes de grupos civiles y expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) propusieron al Senado que en la ley de ejecución penal, que está a discusión y se aprobará próximamente, se incluya el enfoque de género y se garantice el pleno acceso a los derechos fundamentales de los hijos de las mujeres recluidas.

En el foro Hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad. Panorama y perspectivas para la reforma, organizado por la senadora priísta Diva Gastélum, expertos y organizaciones civiles expusieron que se requiere coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos de los menores que viven en reclusión con sus madres a la salud, educación, alimentación y seguridad.

Felipe de la Torre, experto de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, precisó que los niveles de encarcelamiento de mujeres han sido mucho más acelerados que los de los hombres, pero no han ido acompañados de una transformación de los reclusorios.

Esta población, sostuvo, requiere atención. La mayoría son primodelincuentes, muchas de ellas han sido víctimas de violencia, son responsables de delitos sin violencia, viven en pobreza, son madres responsables de toda la carga de la familia. El impacto en las mujeres es importantísimo, en muchos casos, de ellas depende el sustento familiar.

Francisco Castellanos García, director de coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que los hijos de las mujeres que están presas, aunque son una minoría, necesitan ser atendidos de forma integral.

María Sirvent Bravo Ahuja, de la Organización Documenta, consideró fundamental crear un censo de población de menores que viven en reclusión con sus madres, porque no hay una cifra exacta sobre este tema.

Resaltó que cinco por ciento de las mujeres privadas de la libertad en el penal de Santa Martha Acatitla, en la capital del país, viven con dos hijos. Cada año, entre 20 y 30 mujeres dan a luz en situación de reclusión y cuando estos niños tienen que salir mientras sus madres deben continuar cumpliendo su sentencia, 10 por ciento de ellos llega a servicios de asistencia pública por falta de redes de apoyo.

Tanto las organizaciones civiles como los expertos señalaron que faltan protocolos para definir hasta qué edad los niños deben permanecer con sus madres en la prisión. Hoy no existen y, por tanto, hay cárceles en el país que establecen hasta los tres años, otros a los cuatro o a los seis, pero no explican por qué o en qué se basan para adoptar esa determinación.