Las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio, de que no habrá prórroga al trabajo en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, se dan en el contexto de un proceso de descalificación y de obstáculos legales contra los miembros de ese grupo, alentado por la ultraderecha y permitido por el gobierno federal.

Manifestó lo anterior Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien agregó que sólo se trata de una posición política del secretario, pues el mandato del GIEI y una posible prórroga tienen que acordarse entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal y los representantes de las víctimas.

Rosales criticó que Osorio Chong haya hecho pública esa posición –que en abril concluirán los trabajos de los expertos, quienes llevan dos periodos de seis meses de investigación– sin antes haberlo consultado con los padres y madres de familia y con el organismo internacional.

‘‘Existe un convenio de asistencia técnica que obliga al Estado mexicano a cumplir las cláusulas firmadas por las tres partes. Una establece que mientras no se hayan cumplido los objetivos del GIEI, el plazo del mandato de los expertos se puede prorrogar las veces que sean necesarias.’’

Las atribuciones de los expertos –aseveró– son realizar un análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; hacer un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y un análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Desde el punto de vista de Rosales, aún no se ha dado cumplimiento total a esos objetivos, por lo que existe ‘‘la viabilidad jurídica’’ para que el GIEI pueda extender sus trabajos por al menos un semestre más. Por esa razón, los familiares de los estudiantes desaparecidos ya solicitaron oficialmente a la CIDH una nueva prórroga.

‘‘En estos momentos no corresponde que el Estado mexicano, de manera unilateral, asegure que no se prorrogará la presencia del GIEI; eso debe ser discutido entre las tres partes, incluyéndonos a nosotros y a la Comisión Interamericana.’’