Defensores de derechos humanos lamentaron la posición del gobierno mexicano de impedir una nueva visita al país del relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la tortura, Juan Méndez, y consideraron que esta negativa representa una más de las acciones de la administración de Enrique Peña Nieto contrarias a construir una verdadera política de defensa de las garantías fundamentales.

Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de Fundar, señaló que la negativa a la visita del relator especial era de esperarse debido al conflicto que se dio el año pasado entre el gobierno mexicano y el emisario internacional tras la presentación del informe sobre tortura en el país.

En marzo del año pasado el relator especial de la ONU presentó el informe sobre el tema –producto de una visita que realizó al país en 2014–, en el que se concluyó que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento. De inmediato, el gobierno federal negó dichas afirmaciones y desestimó el documento.

El entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, calificó a Méndez de irresponsable y poco ético. Todo ello generó un conflicto diplomático.

“En el conflicto del año pasado hubo aseveraciones muy fuertes y directas de funcionarios mexicanos contra el relator, a quien incluso se acusó de falta de profesionalismo. Por ello, que se le niegue una nueva visita es muy grave. Méndez quería dar seguimiento a esa visita y a su informe, al verificar el avance en el cumplimiento de sus recomendaciones.

Si el Estado mexicano quería tener un debate serio sobre la idoneidad y metodología del informe, y de la exactitud de sus hallazgos, la visita del relator era la oportunidad, subrayó Guerrero al respecto.

Para el integrante de Fundar, impedir la presencia del relator refleja un desconocimiento total por el gobierno mexicano sobre la importancia de un mecanismo tan relevante de la ONU. Parece una línea de la administración federal, pues se combina con otros hechos, como la respuesta dada al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se desestima en lugar de preocuparse por lo sustantivo, que es resolver los problemas en materia de garantías fundamentales.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó que la negativa para la visita de Méndez se suma a una serie de acciones que muestran “obstaculización, descalificación y una imposibilidad concreta para que México sea monitoreado por organismos internacionales y que a la larga ese monitoreo permita identificar los problemas y construir soluciones”.

Por el contrario, lamentó, hay una política de cerrazón del gobierno de Peña Nieto ante la vigilancia internacional, que no abona a construir una política efectiva de protección a los derechos humanos.

Impedir la visita (solicitada por Méndez desde septiembre de 2015 debido a que en octubre próximo concluye su encargo) es impedir una verificación a las recomendaciones del informe; por el contrario, parece que la intención es que (se crea que) ya se ha superado la situación expresada en el reporte.

Agregó que si bien es necesaria una nueva visita del relator, corresponde al gobierno, sociedad civil, legisladores y organizaciones resolver estas constantes violaciones a derechos humanos y evitar que se sigan practicando.